Diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunieron con el procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, para conocer los detalles de la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.

El presidente del órgano legislativo, diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, del grupo parlamentario del PAN, explicó que con la reunión se podrá conocer a detalle la minuta, para que la Comisión se reúna el próximo martes 9 de agosto y tratar de aprobarla.

Consideró que la ley puede contener varios errores que se deban precisar, como plasmar las operaciones fraccionadas para que no se preste a un posible fraude a la ley, “quizá podríamos incorporar el concepto que ya se encuentra previsto en la legislación financiera”.

Adelantó que su fracción parlamentaria propondrá a la Comisión homogeneizar los artículos 19, 21 y 35 en uno solo, porque se refieren a las operaciones prohibidas y a las vulnerables y están totalmente dispares y separados. “Para darle una mayor congruencia a la ley vamos a proponer que se puedan identificar en un solo precepto y que sea más fácil el entendimiento”.

El diputado David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI, cuestionó cuáles son los criterios de los montos asignados para las operaciones. Propuso revisar las transferencias, depósitos y retiros que se hacen al día y determinar los montos correctos para dictaminar una buena tasación de movimientos comerciales lícitos.

Consideró que se debe garantizar en la ley que la Unidad de Inteligencia Financiera sea integrada por funcionarios profesionales y que ese cargo no tenga una manipulación política del gobierno en turno.

Por su parte, el diputado Silvio Lagos Galindo, del grupo parlamentario del PRI, señaló que para las diferentes instancias todos los que utilizan dinero en efectivo son delincuentes, porque reportar arriba de cierto monto una operación implica que su actividad es contraria a la ley y “es muy preocupante que en el proyecto todos seguimos siendo delincuentes”.

El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, del grupo parlamentario del PRI, subrayó que la manera en que se financia la delincuencia organizada es con recursos que entran del extranjero y debe revisarse, ¿cómo se financia una casa de empeño y cuál es el mecanismo que utilizan para el capital de trabajo?, abundó.

Por el grupo parlamentario del PRD, el diputado José Narro Céspedes manifestó que la ley es importante, pues cada año el país obtiene 35 mil millones de dólares en lavado de dinero, “qué han detectado y hecho; no tenemos información; lo descubierto ha sido por cuestiones colaterales”.

Agregó que una parte sustantiva del lavado de dinero se hace en el propio sistema financiero, “ahí tenemos enormes hoyos y boquetes que no coadyuvan; las grandes operaciones se hacen ahí y no vemos que en la propuesta se busque normar y coadyuvar a solucionar este problema”.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del grupo parlamentario del PRD, mencionó que el tema es relevante, pues representa la herramienta central por la cual se podría enfrentar de manera más eficiente y menos absurda a la delincuencia organizada.

Alberto Emiliano Cinta Martínez, del grupo parlamentario del PVEM, expresó que hay la necesidad de contar con una buena ley de lavado de dinero, ya que es uno de los blancos abiertos en el combate a la delincuencia organizada que tanto afecta al país.

Cuestionó cómo se hará eficiente el cruce de información cuando los datos sobre actividades de cash es numerosa y si se ha planteado algún tipo de procedimiento para que la transferencia sea blindada y evitar así que los grupos criminales se enteren de qué y cómo fueron descubiertos.

El diputado Juan José Guerra Abud, del grupo parlamentario del PVEM, preguntó “¿es sujeto de la ley si alguien compra un bien y da una parte en cheque y la otra en efectivo? ¿Cabría dentro de esta ley el controlar las operaciones en la casas de empeño?

El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del grupo parlamentario del PT, consideró que hay consideraciones en esta ley que convierten al ciudadano en policía y “me preocupa poner en vulnerabilidad a los ciudadanos porque por reportar la venta de un auto lo pueden matar. Me parece que el Estado está renunciando a una de sus obligaciones y esta ley no va ayudar a evitar que se laven entre 35 y 45 mil millones de pesos”.

Refirió que de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, en los últimos cinco años hubo 185 mil reportes de operaciones inusuales, 576 reportes de operaciones preocupantes y únicamente 20 sentencias por lavado de dinero. “¿Cómo va a mejorar esto esos números?, porque va a haber el doble de reportes, pero no vamos a poder combatir el lavado de dinero y sí vamos a poner al ciudadano en vulnerabilidad”.

A su vez, el procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Javier Laynez Potisek, señaló que el lavado de dinero es un negocio que resulta sumamente difícil de identificar sin la colaboración de ciertos sectores preventivos, de los particulares o ciudadanos.

Los negocios a los que se recurre con mayor frecuencia para el lavado del dinero son los que por su naturaleza tienen un gran volumen de clientes anónimos, operaciones que pueden hacerse en efectivo y las que pueden cambiar de efectivo por bienes de fácil realización y por los que mantienen su valor en el mercado, como inmuebles, vehículos, relojes, joyas, obras de arte, antigüedades, piedras y metales preciosos, afirmó.

Con la minuta, aseguró, se propone una ley administrativa y se tipifican algunas conductas; se identifican actividades vulnerables y regula la relación de los sujetos sensibles con la autoridad administrativa. No es una ley penal, pues no criminaliza; aunque trae tipos penales en la custodia de la información no entra en la ley penal.

Se sistematizan las obligaciones que tendrán estos sujetos de identificar al cliente y dar aviso a la autoridad administrativa; mantiene intacto el régimen para las instituciones financieras; evitará reportar sospechas como sí lo hacen en la actualidad las entidades financieras, agregó.

Laynez Potisek detalló que la reforma complementa el régimen de prevención en las entidades financieras y “los sujetos vulnerables van a ser quienes realizan concursos, sorteos o juegos con apuesta o emiten tarjetas de servicios, de crédito prepagadas, las instituciones que otorgan préstamos, comercializan inmuebles, compra y venta de metales y piedras preciosos, joyas, relojes y obras de arte”, apuntó.

Mencionó que se incluyen dos medidas: la restricción al uso de efectivo sólo en algunas operaciones de cuantía mayor y vinculada a ciertos bienes y servicios. Y segunda, el aviso de ciertas operaciones basadas en la propia ley a cargo de quienes realicen estas actividades vulnerables.

Enfatizó que la minuta propone la creación de una Unidad Especializada dentro de la Procuraduría General de la República, cuyo fin será coadyuvar o transformar un reporte financiero y una averiguación previa.

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