Diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Pública se reunieron con el subprocurador Fiscal de la Federación de la SHCP, Ramón Ignacio Cabrera León, para intercambiar puntos de vista e inquietudes sobre la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, del grupo parlamentario del PAN, cuestionó al funcionario sobre una posible violación al secreto profesional.

A su vez, el diputado David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI, solicitó conocer los montos establecidos en la minuta y cómo se distinguen las operaciones cuantitativas de las recurrencias de ciertos personajes que hacen la compra de algunos artículos, como automóviles y obras de arte, entre otras.
Del grupo parlamentario del PRI, Óscar Guillermo Levin Coppel sostuvo que los montos deben estar ligados a criterios internacionales, “ya hemos platicado el tema y todavía no logramos conocer cuáles son los criterios internacionales, pues no queremos que nos sorprendan y nos parezca increíbles”.

Resaltó que la ley es urgente y hay la necesidad de aprobar un instrumento que permita perseguir el lavado de dinero.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, del grupo parlamentario del PRI, solicitó el trabajo conjunto de la Comisión de Justicia y los involucrados en el Senado, a efecto de darle celeridad al análisis y dictaminación de la minuta, en particular a las inquietudes que hay sobre los montos.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez, del grupo parlamentario del PAN, indicó que hay una negativa de la subprocuraduría Fiscal para darle al Ministerio Público más posibilidades para estructurar de mejor forma una averiguación, “el tema de las actividades vulnerables va a ir más allá y se puede caer el planteamiento”.

El diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del PRD, mencionó que debido a que la minuta realiza cambios en los Códigos Fiscal y en el Penal, por la cuestión de delitos, es necesario que el esfuerzo de la Comisión de Hacienda vaya acompañado del de la de Justicia, pues será un dictamen de comisiones unidas.

Por el grupo parlamentario del PT, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta destacó que hay “muchos legisladores a los que no nos gusta esta iniciativa, por la obligación y la vulnerabilidad en la que ponen al ciudadano”. Cuestionó en cuanto a que si la ley ya existiera cambiaría la forma de investigación o de persecución de lavado de dinero en el caso concreto de la llamada Reina del Pacífico.

Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, el subprocurador Fiscal Federal de Investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ramón Ignacio Cabrera León, expresó que el impacto que tendría la minuta en caso de ser ley, es el de rastrear cuáles fueron los movimientos del dinero de la persona implicada; dónde se estaba moviendo, qué estaba comprando, qué tipos de bienes adquiría y de qué manera busca ingresar el dinero ilícito a la economía formal.

En síntesis, precisó, es una ley que genera información, “ésa es la intencionalidad y a partir de la información que genera es lo que permite hacer el seguimiento de aquellos comportamientos distintos al de un ciudadano común cuando no hay forma de aclarar el origen primario del dinero”.

Con la minuta, aseguró, se tienen identificadas ciertas personas que realizan operaciones constantes en volúmenes importantes de efectivo y permite rastrear, de tal suerte “que el día que hay que armar el caso a través de esos indicios, ya hay los tipos de precisión para la búsqueda de los casos en tribunales que nos dará mayor solidez”.

Actualmente, resaltó, la información sobre el lavado de dinero es parcial y se genera dentro de las instituciones financieras, porque el lavado no se da sólo dentro de esquemas comunes, sino también en la economía formal que va dándole un ropaje y disfraz al ilícito y las utilidades para llevar a cabo el blanqueo.

La minuta, aceptó, no puede dar respuesta absolutamente a todo el fenómeno del lavado del dinero y a las deficiencias del aparato administrativo, burocrático y penal, mucho menos a la problemática judicial del país, “es un instrumento o herramienta trascendente por la información que nos va a permitir tener”.

Sobre los montos, detalló que la iniciativa original dejó que el Reglamento estableciera las cantidades, lo que permitirá reaccionar de forma oportuna y rápida a lo cambiante de los esquemas del lavado, pero en el Senado de la República se estableció que fuera en la ley y por lo tanto, fijaron los montos.“Estamos haciendo unos ejercicios para tratar de ubicar cuáles son, por los menos, actualmente las cantidades que se ajustarían a lo que se busca”.

La cantidades que a nivel internacional se manejan como referente, resaltó, coinciden en alrededor de 10 mil dólares y se fija para los controles de dinero.

A la reunión también asistieron el director general de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP, José Ulises Gómez Nolasco; el director general adjunto de Normatividad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Elías, y el director de Normatividad de la Unidad de Inteligencia Financiera, Salvador López.

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