El diputado Juan José Guerra Abud, del grupo parlamentario del PVEM, señaló que de acuerdo a datos del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en México el robo al autotransporte federal representa al año un costo de 770 dólares por habitante, lo que equivale al 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, precisó que la Cámara Nacional del Transporte de Carga (CANACAR) reporta que en los últimos dos años, el índice de robo de camiones de carga se disparó en todas las carreteras del país, al pasar de 580 a más de 800 unidades, lo que deja cuantiosas pérdidas a la industria.

Señaló que el 50 por ciento del total de los robos registrados es principalmente a vehículos que transportan electrodomésticos, computadoras, fármacos, ropa, abarrotes, materiales de construcción y varilla.

Por tal motivo, el legislador propuso reformar el Código Penal Federal a fin de federalizar este delito, así como la creación de un capítulo especial al que se denominará “Del Robo al Autotransporte Federal”, para que se lleven a cabo las modificaciones legales necesarias para que se le considere como un delito grave.

En este sentido, la iniciativa enviada a la Comisión de Justicia, establece que cuando el delito sea cometido por personas que formen parte o se encuentren vinculados con la delincuencia organizada, se castigue a sus perpetradores en términos del artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Guerra Abud afirmó que actualmente la investigación y persecución de este delito corresponde a las instancias del fuero común, lo que dificulta su combate, dado que en la mayoría de los casos la perpetración y los efectos del delito trascienden los límites territoriales de las entidades federativas.

Subrayó que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en el año 2010 se denunciaron a nivel nacional 2 mil 142 robos en carretera, de los cuales mil 905 se cometieron con violencia y 237 se efectuaron sin ella.

Revela que de los 2 mil 142 robos denunciados, 580 se hicieron con violencia sobre camiones de carga, en tanto que los cometidos sin violencia fueron apenas 78; el resto correspondió a denuncias por robos contra autobuses, vehículos particulares y otros.

“Tales circunstancias justifican ampliamente la necesidad de que sean las autoridades federales a quienes corresponda el combate a este delito, si tomamos en cuenta que al final el daño repercute en contra de un sector muy importante de la economía nacional y sus correlaciones con la protección del mercado formal y el empleo de los mexicanos”, manifestó.

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