“El Poder Legislativo es el único órgano donde no puede haber ninguna clase de poder unipersonal del cual emanen las decisiones”, afirmó el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al presentar su informe de labores legislativas en Mérida, Yucatán.
Ante el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora; la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, diputados de diferentes fracciones parlamentarias y ciudadanos de distintos municipios de la entidad, indicó que la naturaleza de los órganos del Legislativo es la deliberación y su dinámica de decisión es siempre colegiada.
En el Centro de Convenciones de esta ciudad, el legislador yucateco, expresó: “pensar que por tener un número mayor de diputados las decisiones están concluidas es absolutamente equívoco; las mayorías, las primeras minorías, las segundas, terceras y las “n” minorías, todos los diputados estamos obligados a dar resultados.
Dijo que no es el capricho lo que determina a la dinámica legislativa, sino la complejidad de poner “en convivencia a todos los partidos políticos representados tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados; en todas y cada una de sus comisiones, de sus instancias de dirección y aún lograr el acuerdo entre cámaras”.
Ramírez Marín afirmó que el futuro del poder Legislativo apenas inicia. “Nunca esta discusión podrá darse por terminada, sobre cómo debe ser la democracia mexicana porque es un proceso de construcción, y sus instituciones y formas son perfectibles e inacabadas. “Aspiro a que fortalezcamos la autonomía, y representación del Poder Legislativo. Es tiempo de ello, no de socavar su prestigio”
Destacó que a lo largo de este año legislativo, se realizaron 78 sesiones para un total de más de 400 horas de trabajo en el Pleno, más de mil reuniones de comisiones y más de 500 comparecencias de funcionarios.
Ello, dijo, dio como resultado más de 120 nuevas leyes o decretos modificatorios de leyes existentes.
Además se firmaron más de 14 convenios con distintas instituciones, entre ellas, con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y diferentes colegios y organismos.
Agradeció la presencia de los más de cuatro mil asistentes “que adquiere mayor valor cuando parece imperar el pesimismo frente al futuro y el escepticismo sobre el quehacer de la política, que ante los ojos de la opinión pública parece desprestigiada”.
Agregó que no se trata de obviar errores y la ineficacia, “no cierro los ojos ante ello o aún a prácticas de corrupción que dan lugar a la crítica, pero no comparto la denostación sistemática e interesada que generaliza y frivoliza y, lo peor, oculta el verdadero fondo de la discusiones. Toda generalización es falsa y peligrosa, de ellas han emanado los totalitarismos y los genocidios”.
Ramírez Marín afirmó que cada discusión del Legislativo tiene una visión de país “y eso es lo que la ciudadanía tendría derecho de observar, eso es lo que nosotros hemos tenido la obligación de mostrarle”, puntualizó.
Entre las leyes aprobadas durante su gestión, destaca la General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en la que se crea un fondo de apoyo a las víctimas de plagio por un monto de 98 millones 700 mil pesos y establece penas de hasta 70 años en caso de que las víctimas sean menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, o si son mutilados o mueran durante su cautiverio.
Además, dijo que la Ley de Migración rechaza su criminalización, reconoce plenamente la libertad de tránsito como un derecho humano y destaca la necesidad de una estrategia nacional de desarrollo que favorezca la permanencia en los lugares de origen de quienes migran.
Asimismo, señaló que la reforma en materia de derechos humanos es la más importante desde la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues establece que cuando las recomendaciones emitidas por los organismos de protección a los derechos humanos no sean aceptadas por las autoridades correspondientes, se deberán publicar las razones de la negativa y los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y estatales podrán llamar a dicha instancia gubernamental a que expliquen dicha negativa.
También se aprobaron reformas para que el nivel de educación preparatoria se incluya en la educación básica, haciéndola obligatoria y gratuita
El legislador federal informó que entre las iniciativas presentadas por él mismo, destaca la reforma del Reglamento de la Cámara de Diputados, “que después de 74 años de haber sido promulgado, ya no respondía a la realidad de un Congreso cada vez más deliberativo y plural”.
Además, planteó la creación de una policía fronteriza como cuerpo especializado de la policía federal, para concentrar los esfuerzos en materia de prevención, persecución e investigación de delitos en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas, concluyó.

Asistieron los diputados del grupo parlamentario del PRI Rolando Zapata Bello, Beatriz Paredes Rangel, Víctor Flores Morales y Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva.

Del grupo parlamentario del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, en representación de la diputada Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva.

El diputado Uriel López Paredes, vicepresidente de la Mesa Directiva, por el grupo parlamentario del PRD. El coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, Pedro Jiménez León. Los diputados Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del PT, así como su coordinador de bancada, Pedro Vázquez González. Por el grupo parlamentario del PVEM, la diputada Rosario Brindis Álvarez.

Del Senado de la República, asistieron los senadores del grupo parlamentario del PRI, Carlos Aceves del Olmo, en representación del senador Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva de la colegisladora, y Cleominio Zoreda Novelo.

Además de los presidentes del Poder Legislativo de Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero, y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, Marcos Alejandro Celis Quintal; así como representantes del sector empresarial, campesino y social del estado.

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