La presidenta de la Comisión Especial para la Familia, Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, destacó que los adultos mayores “son los olvidados” y es urgente visibilizarlos a través del establecimiento de políticas públicas para mejorar su calidad de vida.

Al inaugurar en el Palacio Legislativo, el panel “De la exclusión a la inclusión de las personas adultas mayores”, Gastélum Bajo dijo que para ello se requiere contar con el reglamento a la Ley General de Adultos Mayores , que lleva nueve años de retraso.

Las actuales políticas públicas representan un gran esfuerzo, sin embargo su cobertura es mínima e insuficiente para atender a 10 millones de ancianos, que corresponde al 9.6 por ciento del total de la población y que en 2050 aumentarán a 26 millones, advirtió.

Al referirse a la vía de juicios de interdicción, la diputada Gastélum Bajo propuso poner candados al Código Civil Federal en esa materia para adultos mayores, a efecto de evitar sean despojados de sus bienes y sus recursos materiales.

En materia jurídica, el juicio de interdicción consiste en declarar a una persona incompetente para manejarse en forma autónoma, debido a limitaciones o alteraciones de la inteligencia que les impide gobernarse o manifestar su voluntad, por lo cual es necesario nombrar a otra persona que lo represente legalmente.

“Vamos a revisar la legislación civil en materia de tutela e interdicción para frenar ese tipo de ilícitos, y la recurrencia a usar las figuras o buscarle un tutor al adulto mayor porque no está bien de sus facultades mentales, a fin de que tenga un marco jurídico adecuado para que no sea exprés y un puente para el despojo de bienes”, afirmó.

Puntualizó que “los familiares pueden argumentar que un anciano ya no se vale por sí mismo por problemas de Alzheimer, lagunas mentales, demencia senil, por lo que se buscan los medios para buscar el estado de interdicción o la falta de sus cinco sentidos, de tal manera que pasa la administración de cosas o amplios poderes que se dan para manejar bienes, servicios, pensiones, propiedades”.

A su vez, la diputada Paz Gutiérrez Cortina, secretaria de la Comisión Especial para la Familia, del grupo parlamentario del PAN, manifestó que “nuestra cultura tiene que recuperar el valor de los adultos mayores para las familias y la sociedad, como personas sabias y de experiencia, a las que hay que dar amor y protección”.

Alejandro Orozco Rubio, titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), informó que cinco ejes rigen las políticas públicas: cultura del envejecimiento; envejecimiento activo y saludable; seguridad económica para que personas de 60 y más edad tengan empleo y tarjeta INAPAM que otorga descuentos en 15 mil establecimientos; protección social; defensa de sus derechos.

Sobre esto último, Orozco Rubio dijo que el instituto trabaja en un proyecto de reglamento definitivo para la Ley General de Adultos Mayores.

Victoria Adatto Green, Coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Familia, Niñez, Personas Adultas Mayores y Discapacidad, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que hay aproximaciones pero no existen estadísticas en tema de discriminación, violencia física, emocional, despojo y pobreza en este sector.

Sin embargo es un problema real, aun cuando en muchas ocasiones no se denuncia. Dio a conocer que sólo por primera y única vez el INEGI hizo una encuesta en el D.F. en el año 1999, en la que se reveló que 12 mil 650 adultos mayores murieron a causa de violencia familiar, donde 8 mil 834 fueron hombres y 3 mil 816 mujeres.

Refirió que 254 adultos mayores iniciaron y dieron seguimiento a una averiguación previa por violencia psicoemocional.

En el 2006 el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, arrojó en una encuesta que el 16.2 por ciento del total de adultos mayores manifestó que había sufrido al menos un evento de maltrato.

El adulto mayor puede decidirse a denunciar, pero justo cuando él sabe que el hijo va a ir a la cárcel o puede ser privado de algo, desiste, indicó Adatto Green.

En su momento el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Ricardo Bucio Mújica, informó que al menos una de cada cuatro personas adultas mayores de 60 años y más ha sentido que sus derechos no se respetan.

Luisa Olivia Vizcarra Kotasek, directora de Servicios Asistenciales del DIF informó que existen de 500 Casas de Día y Asilos a favor de las Personas Adultas Mayores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Explicó que esas casas son centros gerontológicos que ocupan el tiempo libre del adulto mayor fomentando actividades recreativas, juegos, bailes, clases de tejido y bordado, así como servicios de comedor, médicos y sociales.

En su turno, Lylia Berthely Jiménez, presidenta vitalicia del Programa Nacional de la Tercera Edad A.C. (PRONATE), destacó que el reto demográfico del siglo XXI lo constituye el envejecimiento de la población.

Informó que entre 2005 y 2050 la población de adultos mayores se incrementará en alrededor de 26 millones de personas, el 75 por ciento de este aumento ocurrirá a partir del año 2020.

Berthely Jiménez, propuso que a los niños, desde la educación primaria, se les eduque para una cultura de la vejez.

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