Diputadas integrantes de la Comisión Especial de Feminicidios se reunieron con procuradores y fiscales de diversas entidades federativas para conocer la situación en los estados y poder prevenir y garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.

La presidenta de la instancia legislativa, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del grupo parlamentario del PRD, señaló que el propósito de la reunión es revisar, analizar y establecer canales de comunicación y cooperación para encontrar una solución que responda a la dignidad de las personas y a un Estado de derechos.

Manifestó su interés por conocer cuáles son los hilos de esta trama de impunidad, “creemos que en la medida que sepamos de qué está hecha vamos a poder encontrar soluciones a la impunidad y a crear una serie de mecanismos”.

La legisladora lamentó que los asesinatos de mujeres en todo el país hayan crecido en casi el 70 por ciento. Precisó que el 10 por ciento de los feminicidios, homicidios dolosos, se producen entre la población femenina de 0 a 5 años.

La mitad de las mujeres mueren en los domicilios y el tipo de armas que se utilizan son armas punzocortantes, ahorcamiento, quemadas o a golpes.

Incháustegui Romero refirió que en el caso de Chihuahua el crecimiento de los feminicidios del 2006 al 2009 representa un total de 513 homicidios. “Si se suman los datos del 2009 al 2011, se habla de mil 105 homicidios dolosos, que prácticamente representarían el 30 por ciento de todos los homicidios dolosos que se están produciendo en el país”.

Ante esta situación, manifestó que es necesario implementar una “alerta de género”, a fin de iniciar una serie de acciones que permitan constituirse como una oportunidad para combatir la problemática.

“Buscamos tener mayor conocimiento de los hechos, más precisión sobre los alcances reales de las acciones que implementan para mejorar el servicio de investigación”.

La diputada Adriana Terrazas Porras, del grupo parlamentario del PRI, dijo que por la guerra contra el crimen organizado han sido muchas las mujeres víctimas de homicidios dolosos e inocentes, “es por ello que coincido que es necesario el que se debe combatir la impunidad”.

Señaló que hay un decremento de mujeres desaparecidas, víctimas de privación de la libertad.

En tanto, la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del PRI, dijo que no se trata de señalar qué estado es peor o mejor, sino cómo se cumple con el mandato constitucional. “Necesitamos resultados respecto de lo que existe y prevención para evitar que se sigan acumulando cifras”.

Caritina Sáenz Vargas, del grupo parlamentario del PVEM, expresó que falta información en esta materia, ya que no hay cifras concretas que permitan saber qué está ocurriendo durante el 2011. “¿Cuántas desaparecidas tenemos hasta el día de hoy y qué se está haciendo? ¿Qué vinculación existe con la trata de personas? ¿Cuántas de estas investigaciones están vinculadas con este delito?

El fiscal general del estado de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, dijo que en esta entidad hubo un aumento del 9 por ciento de homicidios de mujeres cometidos en lo que va del año. Actualmente, van 2 mil 600 homicidios, de los cuales 222 son de mujeres.

Respecto al caso del Campo Algodonero explicó que en los avances en el cumplimiento de los resolutivos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe una investigación criminalística ministerial con perspectiva de género que trabaja en la identificación de los responsables.

Mencionó que el 6 de noviembre del presente año se llevará a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en honor a las jóvenes y se develará un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio en Ciudad Juárez, en el predio del Campo Algodonero.

Subrayó que la PGR lleva a cabo el proceso de la estandarización de protocolos y la creación de bases de datos de mujeres desaparecidas. Ya se entregaron los cheques a los beneficiarios por concepto de indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e inmateriales y el reintegro de gastos.

También, dijo, se impulsaron maestrías en derechos humanos con el respaldo de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en coordinación con el Sistema educativo del estado se dieron pláticas en materia de difusión a 998 maestros y 22 mil 698 alumnos; así como a servidores públicos. Se impartieron 585 cursos de actualización a agentes del Ministerio Público, peritos, médicos legistas y policías municipales.

En su turno, el procurador general de Justicia del estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, señaló que de 2005 al 2011 se tienen registradas 426 mujeres privadas de la vida por municipio; 96 en la zona norte del estado; en la zona centro, 253; y en la zona sur, 77. Se han consignado a 146 personas y han sido detenidas por fragancia o por urgencia 71.

Precisó que el medio empleado en la privación de la vida destaca el arma de fuego, en 293 casos, y los demás son armas blancas, contusiones, estrangulamiento, asfixia. Las edades de las víctimas son 367 adultas; menores de edad, 56, y 3 lactantes.

El procurador general de justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, comentó que su instancia se dio a la tarea de analizar todo lo que tiene que ver con medidas precautorias y de seguridad y sobre las órdenes de protección a fin de trabajar en beneficio del las víctimas.

Subrayó que solamente por el delito de violencia intrafamiliar en el 2009 se dictaron 348 medidas precautorias y de seguridad para las víctimas y en 2010 han sido 390.

Aseguró que el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres busca coordinarse para capacitar a los operadores que brinden atención a víctimas de violencia intrafamiliar.

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