La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del grupo parlamentario del PAN, propuso, a través de una reforma a la Ley General de Salud y a la Ley de Asistencia Social, que las víctimas de algún delito sean consideradas de atención prioritaria en los servicios de salud y sujetos de asistencia social.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, busca identificar a las víctimas en un ámbito independiente al del derecho penal, con el objetivo de que se establezcan las bases legales para la adecuada y oportuna atención de sus necesidades.

De esta forma se atenderá a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños: lesiones físicas, mentales, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales.

Asimismo, busca que esta atención se brinde a través de un equipo multidisciplinario de abogados, médicos, psicólogos clínicos, psiquiatras y trabajadores sociales, con perfil victimológico, y que de manera oportuna y eficaz los servicios sean bajo criterios de amplia cobertura, calidez, trato digno, sensibilidad y protección efectiva de los derechos humanos.

Afirmó que el respeto de los servidores públicos a los derechos de las víctimas del delito, sobre todo de aquellos que están relacionados con la justicia penal, constituye un elemento primordial para consolidar el sistema de libertades y garantizar un mejor ejercicio de los derechos humanos en un Estado democrático.

Aseguró que, ante los efectos que genera la comisión de un delito en la víctima, se requieren acciones integrales encaminadas a su atención inmediata, ya que el impacto físico que suele sufrir el ofendido puede manifestar diversas reacciones, sobre todo tras un episodio violento.

“Estamos seguros que con la aprobación de la iniciativa, este Congreso estará contribuyendo de manera importante a la consolidación de un Estado de Derecho y de la democracia de nuestro país”.

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