La Comisión de Puntos Constitucionales recibió una iniciativa en materia fiscal, de integrantes del grupo parlamentario del PRD, que plantea una recaudación potencial de 259 mil 400 millones de pesos, a partir de la reducción de gastos fiscales, la reinstauración de los principios de generalidad, proporcionalidad y equidad en las contribuciones.

El documento, presentado por los diputados Vidal Llerenas Morales, Armando Ríos Piter, José Narro Céspedes, Leticia Quezada Contreras y Samuel Herrera Chávez, propone facultar al Congreso de la Unión para que legisle en materia de fiscalización y evaluación del gasto público, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.

Menciona que el punto de partida de la reforma es establecer una tasa de 35 por ciento sobre dividendos o utilidades considerados en el ISR empresarial vigente (7 por ciento adicional), lo que tendría un impacto estimado por 75 mil millones de pesos.

De acuerdo con el documento, se propone derogar el régimen de consolidación fiscal, así como las deducciones inmediatas, anticipadas o aceleradas de inmuebles y activos fijos. En el caso, del régimen simplificado, como el autotransporte, se deroga de manera que sólo exista la diferencia entre pequeños contribuyentes, intermedios y los de carácter general, a fin de que la tributación sea a tasas generales”.

También, el régimen simplificado de contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, a efecto de que las personas morales dedicadas a estas actividades contribuyan con la tasa general.

Propone aumentar la exención de siete a quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente en los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social.

En materia del impuesto empresarial a tasa única, refiere el documento, se eliminan los créditos fiscales, deducciones adicionales y aquellas que no establezcan expresamente la Ley del Impuesto sobre la Renta.

De aprobarse, sólo tributarán en este impuesto las personas físicas y morales cuyos ingresos acumulables para efectos del ISR sean iguales o superiores a un monto equivalente de 500 millones de pesos.

Por lo que toca a las reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se pretende eliminar la facultad del ejecutivo federal en torno a determinar o autorizar regímenes fiscales de manera individual o por grupos y que pueda conceder subsidios o estímulos fiscales.

“Sólo se procederá cuando lo disponga expresamente la Ley de Ingresos de la Federación y el Congreso de la Unión en casos de emergencia económica; y las resoluciones del jefe del Servicio de Administración Tributaria para aplicar las leyes fiscales y aduanales no den lugar a la autorización de régimen fiscal diferente a los establecidos en las leyes”.

En la Ley de Coordinación Fiscal se propone incrementar el porcentaje del Fondo General de Participaciones y que el Fondo de Fomento Municipal pase de 1 al 2 por ciento; y se adiciona el Fondo de Aportaciones para el Apoyo de la Recaudación de Contribuciones Inmobiliarias.

La iniciativa, que será analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea que 100 por ciento de la recaudación obtenida por los derechos petroleros conformen la aportación federal participable, para lo cual se reforma la Ley Federal de Derechos.

Del mismo modo, propone reformas a los artículos transitorios de la Ley del Seguro Social, con el objeto de que se respete el tope de 25 salarios mínimos para el pago de las pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de establecer la obligatoriedad del uso de los resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño durante la dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

También se busca eliminar la facultad de las autoridades fiscales para que mediante resoluciones decreten regímenes fiscales fuera de la legislación y avanzar en la transparencia y rendición de cuentas entre las autoridades hacendarias de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, y no se presenten casos con tendencias claramente electorales, como lo es el decreto que hace deducibles las colegiaturas de educación básica del 15 de febrero de 2011, con lo que se hace regresiva la inversión en educación.

La propuesta, presentada en la Comisión Permanente, busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política, del Código Fiscal de la Federación y de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto Empresarial a Tasa Única, del Servicio de Administración Tributaria, de Coordinación Fiscal, del Seguro Social, Federal de Derechos y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con estas medidas, concluye, se potencializaría la recaudación en 259.4 mil millones de pesos (2.48 por ciento del PIB), tomando en cuenta los cálculos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su presupuesto de gastos fiscales 2008 (243 mil 300 millones de pesos equivalente al 2.02 por ciento del PIB) y los del presupuesto de gastos fiscales de 2009.

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