Diputados del grupo parlamentario del PRI impulsan iniciativa con proyecto de decreto para crear la Comisión Ordinaria de Seguridad y Soberanía Alimentaria, a fin de generar integridad en el sistema alimentario.

Con la creación de esta comisión se pretende elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación; éste sería un paso trascendental para atender una de las necesidades básicas más importantes de la población, además de que se garantizaría un asesoramiento técnico que facilite el proceso productivo.

La iniciativa, que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, señala que las actuales comisiones ordinarias sólo abarcan algunas partes de dicho sistema como lo relativo a la industrialización y comercialización; salud y normas para el consumo; desarrollo rural, social y acciones de bienestar.

El documento turnado a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, precisa que son la pobreza alimentaria y general los más grandes problemas nacionales que desencadenan la inseguridad pública, por lo que se considera que la alimentación es una necesidad básica del ser humano determinando su desarrollo físico y mental.

Según el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) en México hay mas de 52 millones de pobres, 4 millones más de los que había en 2008; 20 millones se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria, más de 40 millones tienen algún grado de desnutrición, el 70 por ciento de los adolescentes mayores de 15 años se ven afectados por la obesidad y el sobrepeso, lo que genera un gasto al país en su sistema de atención médica de más de 40 mil millones de pesos anualmente.

Aunado a lo anterior, la importación de alimentos supera el 54 por ciento del consumo nacional, lo que implica un costo superior a los 19 mil millones de dólares al año.

Sólo en maíz se compran 9 millones de toneladas, el 33 por ciento de nuestro consumo anual, mientras que las importaciones de carne superan los 10 mil millones de pesos.

La pobreza alimentaria es el problema socioeconómico más importante del país teniendo su origen en la pérdida de más de la mitad del agua disponible en los últimos 60 años, en el rezago educativo que aún tienen 33 millones de mexicanos mayores de 15 años que no alcanzaron el nivel de secundaria. Pero el verdadero origen está en la ausencia de políticas públicas que atiendan este problema que lastima a 5.5 millones de familias.

Más de 19 millones de mexicanos viven con menos de un salario mínimo y 11 millones no registran ingresos. Además, el poder adquisitivo se ha deteriorado en más de 44 por ciento.

Se estima que tan sólo con producir alimentos en México para equilibrar la balanza comercial representaría generar 350 mil empleos; pero si se decidiera sustituir las importaciones tendríamos un horizonte de creación de empleos cercano a los 6 millones de ocupaciones.

A este panorama, agrega la iniciativa, se esperan incrementos importantes en la tortilla y el pan, cárnicos, lácteos, verduras y frutas, si se suman los incrementos permanentes a gasolina, gas, diesel y electricidad el impacto es aún más negativo.

Ante ello, los legisladores establecen que con una debida planeación, políticas públicas y una adecuada estrategia, es posible revertir los problemas de seguridad y soberanía alimentaria en menos de 18 años, destinando para ello entre el 6 y 10 por ciento del presupuesto de OPORTUNIDADES y PROCAMPO y fortaleciendo el Programa Especial de Seguridad Alimentaria PESA-FAO-SAGARPA; actualmente uno de los más importantes programas sociales.

Entre los diputados proponentes se encuentran Gerardo Sánchez García, Alberto Jiménez Merino, Cruz López Aguilar, Manuel Humberto Cota Jiménez, Reginaldo Rivera de la Torre, Óscar García Barrón, Perla López Loyo, Fermín Montes Cavazos, José Luis Álvarez Martínez y Rolando Zubía Rivera.

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