• Aportan expertos internacionales e investigadores nacionales opciones contra este flagelo

Durante la mesa redonda Corrupción, experiencias nacionales e internacionales para combatirla y erradicarla, del foro “Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad”, expertos en la materia manifestaron sus puntos de vista y propuestas para incidir en el tema.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Manuel Cadena Morales, señaló que el objetivo es que las experiencias vertidas sirvan para tratar los asuntos de México.

En tanto, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del grupo parlamentario del PT, e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, comentó que la corrupción no es un fenómeno individual que se pueda aislar para su combate.

Por su parte, el magistrado español Baltasar Garzón Real, director del foro, dijo que el concepto de corrupción definido en un Código Penal no existe, como tampoco el de terrorismo o el de crimen organizado, aunque sí se define lo que es una organización criminal y por tanto cada uno de sus actos.

Sin embargo, el concepto de corrupción es esencialmente social y político, es decir, “la corrupción cuando hablamos de ella la referimos, casi inmediatamente, a determinados actores públicos, sean funcionarios u autoridades y señalamos cuáles son esos comportamientos, pero nos olvidamos de que lo importante es la actitud frente a esos comportamientos de corrupción”.

Se puede decir que no es lo mismo el comportamiento de un ciudadano particular con el presidente de una república o del Poder. Evidentemente, hay graduaciones diferentes de corrupción pero la actitud frente a ella es absolutamente determinante, consideró.

Ante ello, destacó que la ética en la gestión pública es el eje fundamental por la que se debe desarrollar la acción pública.

En su intervención, el presidente del Instituto para el Renacimiento Siciliano, Leoluca Orlando, dijo que México está ante un fenómeno criminal que pervierte el sistema de valores queriendo condicionar el estilo de vida de los ciudadanos. No se trata de un fenómeno de crimen normal, sino de un fenómeno que se denomina como crimen de la identidad.

Habló sobre el caso de la mafia italiana donde se descubrió que se ligaba con un sistema de corrupción. Dijo que con el dinero sucio que provenía del sur de Italia se invertía en el norte y con la corrupción que prevalecía en el norte se protegía el establecimiento de las mafias en el sur.

“En estos tiempos el monto del dinero sucio se ha vuelto tal que Palermo les ha quedado chica; quizá hasta Italia o Europa”, recalcó.

Leoluca Orlando enfatizó en que esta criminalidad de identidad requiere del consenso de los ciudadanos porque es un sistema de poder que mata en nombre del honor, de la familia, de la amistad y mata doblemente, una porque lo hace en nombre de la gente y la otra porque mata en nombre de la cultura.

“Hoy en día el mundo no tiene miedo del delincuente normal, de lo que tiene miedo es de estos criminales de identidad”.

Dijo que si no se entiende la relación del sistema de poder mafioso, que es un sistema del poder cultural, económico, financiero, religioso y político, no se entenderá qué está sucediendo en Monterrey, en Ciudad Juárez, Tijuana, Medellín, Palermo y en el mundo.

Ante lo sucedido en Monterrey, manifestó que la mafia sabe que si se asesina a mujeres y niños perderá el consenso de la sociedad, “la mafia tiene menos miedo a las armas de la policía, a los jueces, que a niños y mujeres de su sociedad, requiere el consenso de la misma para subsistir”, señaló.

El también ex presidente de la Comisión Parlamentaria para Asuntos Regionales de Italia, precisó que cuando las instituciones o la administración pública no funcionan, el ciudadano busca otras respuestas y las encuentra en el mafioso, “encuentra una seguridad mentirosa”, precisó.

Por tanto, precisó que la mafia Siciliana era un sistema de valores pervertidos, “un sistema que mata en nombre del honor, en nombre de las familias, este sistema era poderoso porque se tenían instituciones que aceptaban y estaban coludidas, los magistrados y jueces cerraban los ojos y los políticos llevaban los acuerdos con los mafiosos”.

Ante ello, propuso que para combatirlos se necesita de la unión de dos vertientes: los jueces, policías y fuerzas del orden, por la aplicación de la ley; la otra está conformada por la cultura, por las escuelas, la sociedad civil, empresarios, iglesia y medios de comunicación, “se necesita ir a la misma velocidad, pero si sólo se camina hacia la represión y cero tolerancia la carreta no va a funcionar, sólo girará a su alrededor”, apuntó.

Miguel Carbonell Sánchez, catedrático de la UNAM, resaltó que cada acto de “mordida” en México nos cuesta en promedio 165 pesos y para los hogares más pobres del país puede llegar hasta el 33 por ciento de sus ingresos, según el último informe de transparencia mexicana, internacional y estudios de la OCDE.

Asimismo, el 11 por ciento opina que la corrupción ha disminuido en los últimos tres años; 37 por ciento piensa que se mantuvo igual y 51 por ciento piensa que ha aumentado.

Mientras que la institución que se percibe más corrupta, tanto en México como en América Latina, son los partidos políticos; en segundo lugar, la policía; en tercer lugar, al Poder Judicial, es decir, la Justicia. En México el 73 por ciento de los ciudadanos percibe que la corrupción es generalizada, que está en todo sitio. El 35 por ciento afirma haber sido víctima de un acto de corrupción.

Ante ello, dijo, uno de los factores donde se podría incidir es en los salarios y remuneraciones públicas adecuadas, ya que “el 61 por ciento de los policías municipales en este país gana hasta cuatro mil pesos al mes y no podemos pedirle a ninguna persona que dé la vida para defendernos a cambio de 4 mil pesos al mes”.

En su turno, el doctor Diego Valadés, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, mencionó que de acuerdo con una encuesta de la UNAM, relacionada con el respeto a los derechos humanos en el combate a la delincuencia, 3 de cada 10 mexicanos consideran válido afectar los derechos humanos de las personas imputadas de delincuencia.

Asimismo, 7 de cada 10 personas, en el norte del país, señalan que sí se debe suspender la libertad de tránsito; 3 de cada 10 están a favor de que las fuerzas de seguridad estén autorizadas para matar a una persona sospechosa de ser delincuente sin ser juzgada.
“Si queremos evitar que siga ese deterioro en la percepción social de los derechos humanos es necesario emprender una reforma militar y que se tenga a un civil en la Secretaría de Defensa y de Marina porque de otra manera lo que se tiene es a dos militares en el Gabinete Presidencial y el país debe ser una democracia” subrayó.

Refirió que con motivo de la tragedia de Monterrey se desencadenó un nuevo tipo de retórica en México y se sustituyó el concepto de narcodelincuencia por el de terrorismo, “no se ha dicho si lo que antes se caracterizaba como narcodelincuencia se convirtió en terrorismo o si son dos fenómenos simultáneos ante los cuales nos estamos enfrentando. Si ahora estamos a dos fuegos, la sociedad está en grave riesgo y no se están tomando las medidas”.

El foro continuará mañana, martes 30 de agosto, con el diálogo entre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Ocampo Moreno, y el magistrado español Baltasar Garzón Real sobre la importancia de la acción de la justicia internacional y la Fiscalía de la CPI.

Así como, con la mesa redonda titulada La necesidad del respeto al Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos en le combate contra el crimen en la sociedad actual, en la que participarán José Woldenberg, Ruperto Patiño, Daniel Barceló Rojas, Dolores Delgado García, Baltasar Garzón Real y las diputadas Enoe Margarita Uranga Muñoz, del grupo parlamentario del PRD y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI.

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