Diputados, funcionarios y especialistas nacionales e internacionales abordaron la importancia que tiene la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero y la forma de combatirlo, en el último día del foro "Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad".

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Manuel Cadena Morales, destacó que son temas que hoy tienen al país en circunstancias muy difíciles y que el objetivo es aportar en los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal las experiencias vertidas en el foro y así mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

La diputada María del Carmen Guzmán Lozano, del grupo parlamentario del PAN, expresó que la sociedad carece de confiabilidad en los sistemas judiciales, “por lo que debe existir un cambio en la capacitación y estímulos en el sistema judicial para que funcione con ética”.

Mencionó que en la problemática del crimen, la población se inmiscuye por la cuestión de poder y dinero fácil. El combate a la corrupción, detalló, tiene que ser mediante la promoción de los valores para lograr el desarrollo de una sociedad.

Al hacer la declaratoria de clausura, la procuradora general de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, dijo que si bien hay voces que manifiestan que no hay claridad en la estrategia de combate a la delincuencia organizada, minimizan y simplifican los esfuerzos y vida de muchos mexicanos valientes que se sacrifican por un México mejor.

“Quienes proponen que nos retiremos de esta lucha e incluso que negociemos con los delincuentes no parecen darse cuenta que lo que en realidad proponen es entregarnos a estas personas faltos de los más elementales principios de respeto a la vida y carentes de escrúpulos, cuya única ley es la fuerza de la violencia”.

“Si se logra aprobar la normatividad relativa al mando único en las fuerzas de seguridad en los estados, hay la convicción de que se logre fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno; aspecto que es una de las peores debilidades”, apuntó.

Destacó que se enfrenta una delincuencia organizada que opera transnacionalmente, en función de que los mercados ilícitos también son globales.

Morales enfatizó que el accionar violento de la delincuencia es alimentado por la impunidad que se incuba en algunos grupos de la sociedad y se reproduce al cultivo de malos servidores públicos. “La solución tiene que ser profunda y diversa; como recuperar la fuerza de las instituciones mediante su transformación y adaptación a las necesidades actuales”.

Previamente, en la mesa Las diferentes experiencias nacionales e internacionales en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de activos y forma de combatirlos, los límites, el magistrado español Baltasar Garzón Real dijo que no hay organizaciones que se dediquen específicamente a una materia, suelen estar diversificadas y polarizadas en relación a todos aquellos ámbitos que generen beneficio económico.

La actividad de corrupción organizada se mezcla con el ámbito de la extorsión o del interés de las organizaciones políticas. Por ejemplo, a través de financiamiento irregular o ilegal de los grupos políticos, no solamente en forma directa, sino a través de los más diversos mecanismos para eludir las normas de control electoral o de transparencia pública, mencionó.

Argumentó que para combatir el crimen organizado se necesita focalizar, además de los sistemas tradicionales de investigación, nueva tecnología, más sofisticada, mejor ingeniería financiera, “pues es la que da cobertura, a veces directa o indirectamente, a todo otro tipo de criminalidad”.

El director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, Luis de la Barrera Solórzano, señaló que lo que ha hecho la penalización de las drogas es subir los precios a volúmenes exagerados y dar ganancias estratosféricas a los narcotraficantes.

“Si se despenalizaran no va a terminar el crimen organizado, porque los narcotraficantes se dedican también al secuestro, extorsión, trata de personas, robo de vehículos, pero se les quitaría su principal fuente de ingresos”, consideró.

El crimen organizado seguiría existiendo pero perderían los capos su principal fuente de ingresos y por supuesto habría que seguirlos combatiendo. “Esto no es una claudicación, de ninguna manera, es un cambio de estrategia; esto no tiene nada que ver ni con la tregua, ni con la amnistía”, enfatizó.

Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional de España, comentó que las organizaciones criminales se están infiltrando en la estructura económica de los estados a través del blanqueo de capitales, evasión de impuestos, fraude fiscal, delitos socioeconómicos, y directamente en importantes empresas.

Como cualquier empresa, dijo, la criminalidad organizada trata de minimizar los costos no sólo personales, sino materiales, así como los penales y los policiales para lograr el máximo beneficio y que por ello el suprimir o limitar los beneficios ilícitos resulta esencial para combatir este tipo de criminalidad.

Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, resaltó que es importante que el tema de seguridad sea enfrentado y garantizado desde una perspectiva de ética, derechos humanos y legalidad específica y democrática.

Refirió que eventos dramáticos, como los que han sacudido a la sociedad mexicana en los últimos días, provocan legítimas reacciones de desconcierto y es cuando más se debe insistir en que las instituciones, los procedimientos, los derechos humanos y la democracia son la solución.

Enrique Díaz Aranda, doctor en Derecho por la UNAM, indicó que se calcula que las ganancias del crimen organizado son equivalentes entre el 2 y el 5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. “Entre 24 mil y 45 mil millones de dólares anuales. Una cifra que más o menos representa un estándar también en Latinoamérica, donde llega a representar hasta el 6.5 por ciento del PIB”.

Pidió a los diputados exigir a las autoridades de Hacienda, de la Función Publica y a la Procuraduría General de la República realizar acciones efectivas de investigación inteligente, integración profesional de averiguaciones previas y detención de personas sólo cuando se tengan pruebas fehacientes de que han cometido un delito; “no aprueben leyes que legalicen la arbitrariedad”.

La Fiscal de la Audiencia Nacional de España, María Dolores Delgado García expresó que el crimen organizado exige un cambio de mentalidad “no es una delincuencia individual, común, ordinaria sino es muchísimo más compleja que se requiere afrontarla con un cambio de mentalidad y pensar qué es el crimen organizado, qué necesitamos para perseguirlo y qué características tiene”.

Detalló que México no está solo en la lucha contra el crimen ni puede estarlo, porque sus organizaciones van más allá de las fronteras mexicanas, “como las organizaciones criminales españolas, que trascienden nuestras fronteras. Buscamos estas alianzas paralelas a las de las organizaciones criminales, lazos entre policías, entre fiscales e instituciones de diferentes estados”

A su vez, el presidente del Instituto para el Renacimiento Siciliano, Leoluca Orlando destacó que es necesario que los ciudadanos entiendan que la criminalidad no es conveniente, no es justa, no es moral. “Para serlo necesita que la legalidad garantice la seguridad, el desarrollo, el trabajo, la educación y los derechos humanos”.

Precisó que es indispensable contar con credibilidad institucional, pues “si los políticos no son creíbles no se puede impedir a los ciudadanos que se vayan con los mafiosos, ya que el tema de la seguridad es tema de justicia social”.

El papel de la sociedad civil en el combate al crimen organizado, resaltó, es fundamental. “La seguridad democrática viene de los Estados democráticos, la seguridad de criminales viene de los mafiosos, pero si el Estado no garantiza la seguridad de los ciudadanos, ellos van a buscar la seguridad con el jefe de la mafia”, concluyó.

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