Diputados federales y permisionarios de casinos coincidieron en la urgencia de reformar la Ley Federal de Juegos, Apuestas y Sorteos, tras considerar que la actual es anacrónica y permite la corrupción y la ilegalidad.

Este viernes, el Grupo de Trabajo Especializado en Vigilancia y Cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, de la Comisión de Turismo, que coordina la diputada del grupo parlamentario del PRD, Lizbeth García Coronado, se reunió con permisionarios de casas de juego para analizar la situación que guarda la ley en la materia.

La legisladora manifestó que los diputados no están en contra de los casinos, la intención es que estos actúen dentro de la legalidad, y para ello se requiere de una ley moderna que regule correctamente las casas de juego, impulse el desarrollo turístico del país y motive la generación de fuentes de empleo.

La ley vigente, dijo, es obsoleta, pues data de 1947 y es indudable que se requiere modernizarla. “Nuestra tarea en este grupo de trabajo siempre ha sido combatir la ilegalidad, nunca estar en contra del juego, sobre todo, cuando la Secretaría de Hacienda reportó ingresos por este concepto, cercanos a los 4 mil millones de pesos”.

García Coronado consideró que esta reunión es de suma importancia, dados los recientes acontecimientos en Monterrey y la problemática que existe en torno de los casinos. “Ahora todo mundo voltea a ver el tema. Creo que es una buena oportunidad para sacar la ley y poder regular el juego en el país”.

Informó que derivado de la corrupción que existe en la Secretaría de Gobernación respecto al otorgamiento de los permisos, se presentaron cuatro denuncias penales en contra de igual número de funcionarios de esa dependencia, no sólo de la presente administración sino de la anterior.

“Hemos aportado un número importante de evidencias y creemos que la PGR debe iniciar las averiguaciones en contra de estos funcionarios y ex funcionarios”, subrayó.

Miguel Ángel Ochoa Sánchez, vicepresidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA) fijó el pronunciamiento de la industria del juego.

Ratificó su respaldo para que se impulse, discuta y apruebe una nueva Ley General de Juegos y Sorteos que regule a las casas de juego y fortalezca a la autoridad en el combate a la ilegalidad.

“La ley vigente es obsoleta, es de 1947 y no ha tenido ninguna actualización; desde su promulgación a la fecha, han acontecido avances tecnológicos que no están contemplados, incluso el mismo reglamento no pudo ir más allá y es, por tanto, incompleto. Esas lagunas han provocado espacios que han sido aprovechados para el nacimiento de casinos que operan sin permiso y en los cuales la autoridad está limitada jurídicamente para combatirlos”.

Del mismo modo, los permisionarios ratificaron su repudio a la violencia e hicieron patente su voluntad para que juntos, autoridades y sociedad, combatan a la ilegalidad, dando al mercado condiciones de competencia equitativa y no de competencia desleal que afecte la economía del país.

“Nos manifestamos por fortalecer la seguridad en el país y en los casinos, porque nos interesa que nuestros clientes y empleados se encuentren en un clima de tranquilidad y paz social”.

Refirió que este gremio genera 40 mil empleos dignos y seguros de forma directa y más de 120 mil indirectos. Además de que atrae inversión nacional y extranjera, permitiendo la competencia con casinos en el extranjero, fundamentalmente de Estados Unidos.

“Somos una industria que paga impuestos y muy importantes impuestos. Trabajamos con absoluta transparencia dentro del marco legal”.

Por su parte, Oscar Paredes Arroyo, presidente del Consejo de Administración del Palacio de los Números, hizo hincapié en que el juego no es una actividad ilegal; pero sí requiere una gran regulación con normas claras. Los permisionarios, precisó, “estamos dispuestos a acatarlas, pero es urgente que los legisladores hagan las reformas”.

Dijo que lo ocurrido en el Casino Royale, de Monterrey, ha generado comentarios erróneos; aclaró que la inseguridad y el crimen organizado no es por culpa de los casinos.

“Lo que nos hace falta es una integración entre gobierno y particulares para salir adelante. ¿Cómo quieren que estemos en la legalidad cuando tenemos leyes que tienen demasiadas lagunas y subterfugios que permiten cualquier conducta? ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades? ¿cómo podemos ser criticados de que somos legales o ilegales si no partimos de una norma actualizada?”

Carlos Alberto Figueroa, representante de Grupo Caliente, coincidió que los casinos son una industria legal, inmersa en el marco de la ley.

Estamos preocupados, abundó, por la aprobación de una ley y modernizar el reglamento que nos permita mucha más claridad respecto de lo que podemos hacer y lo que se busca propiamente de esta industria del juego.

“Nos preocupa que no exista una conjunción entre la Secretaría de Gobernación y los permisionarios. Pensamos que la forma en la que podemos ser actores activos en el cumplimiento de la ley es haciendo propuestas para mejorarla, como primeros interesados”.

El experto Armando García, dijo que es ocioso insistir en que la falta de ley es la que nos tiene sumidos en la irregularidad, en el marasmo actual y el riesgo de seguridad. “Nosotros hemos advertido desde 2008 que iba a haber problemas en el país por este motivo”.

Por su parte, Indra Sánchez de la Barquera, representante de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, indicó que lo que les preocupa es la ilegalidad. “Ese vacio que hay en la ley y de la que se aprovechan muchas personas para instalar casas de juego sin la mínima regulación. Nosotros estamos en contra de esa irregularidad, queremos ser regulados con una ley que nos mantenga en los límites permisibles para competir y robustecer a la autoridad competente para combatir el juego ilegal”.

Al término de la reunión, el diputado Juan José Cuevas García, del grupo parlamentario del PAN, propuso realizar una nueva reunión, a efecto de llegar a un consenso para aprobar una nueva legislación lo más pronto posible.

“Me gustaría que llegáramos a un acuerdo, nos asesoraren e informen de los problemas que ustedes tiene para incrustarlos en la nueva legislación”.

La diputada Lizbeth García Coronado respaldó la propuesta y refirió que buscarán reunirse con representantes de la Secretaría de Gobernación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR), para que informen del resultado y los avances de los operativos que están llevando a cabo en el “Casino Royale” de Monterrey y en las demás casas de apuestas del país.

Asimismo, convocarán a una reunión con senadores, investigadores, especialistas, casas de estudio y permisionarios, para construir una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos que pueda ser aprobada en este año legislativo.

En la reunión estuvo Víctor Miguel Guerra, titular de Unidad en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR) quien indicó que la instrucción de la procuradora es atender e investigar con prontitud y diligencia todo tipo de denuncia, ya sea por violaciones a la Ley de Juegos y Sorteos o, en su caso, delitos cometidos por servidores públicos.

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