Diputados integrantes del grupo de trabajo que investiga las denuncias de corrupción en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), manifestaron su inconformidad por la liberación de quien fuera director de Operaciones del organismo, Néstor Félix Moreno Díaz, acusado por la Procuraduría General de la República de presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Por ese motivo, promoverán la comparecencia del secretario de Energía, José Antonio Meade Kuribreña, y del director general de la paraestatal, Antonio Vivanco Casamadrid, para que expliquen lo concerniente al actuar del ex funcionario.

En conferencia de prensa, en la que participaron los diputados César Augusto Santiago, presidente del grupo de trabajo, Pablo Escudero Morales, Laura Itzel Castillo y Pedro Jiménez León, de los grupos parlamentarios del PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, respectivamente, solicitaron al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación una explicación de qué pasó en el juzgado que liberó a Moreno Díaz mediante un amparo.

Augusto Santiago dijo que el Consejo de la Judicatura deberá explicar “cómo los jueces distinguen cuando de verdad se trata de un juicio de amparo para proteger las garantías individuales, y cuándo es una maniobra para violar la ley o para dejar de cumplir con ella”.

Destacó que también se buscará agilizar la presentación de una demanda de juicio político en contra del secretario de la Función Pública, a quien los legisladores acusaron de “omisión e ineficacia”.

Indicó que se hará la petición a la CFE para que cuanto antes presente y clarifique todos los contratos y convenios que realizó Moreno Díaz mientras fue director de operaciones de la paraestatal.

“Queremos pedirle a la Comisión Federal de Electricidad, de manera formal, todos los contratos de las más de 90 plantas de generación de energía eléctrica que están distribuidas en el territorio nacional, y que son propiedad de empresarios españoles; no hay un solo mexicano que tenga un fierro en CFE”, subrayó.

El diputado Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de la Función Pública, indicó que la dependencia del ramo tenía la obligación de abrir un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Moreno Díaz y no esperar a que la PGR iniciara acción alguna.

Dijo que el grupo de trabajo acudirá a la Contraloría de la Secretaría de la Función Pública a denunciar la omisión del titular de la dependencia.

Por su parte, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez recordó que Néstor Moreno ha sido brazo derecho de Alfredo Elías Ayub, ex director de la CFE en las tres últimas administraciones del gobierno federal, “mismo que otorgó contratos de manera discrecional a empresas transnacionales y muy cuestionadas en Estados Unidos, como son ABB y LINCEN.

El legislador Pedro Jiménez León afirmó que la Cámara de Diputados no puede quedar solamente en la exigencia de que el Poder Ejecutivo haga su trabajo, sino que debe aprobar los instrumentos necesarios para sancionar acciones de esta naturaleza.

“Aquí en la Cámara hay una iniciativa de ley presentada por el diputado Alejandro Gertz Manero que plantea la creación de una Auditoría Ciudadana, que tenga como consecuencia la desaparición de la Secretaría de la Función Pública”, precisó.

El grupo de trabajo recordó que el ex director de Operación fue acusado como probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito por 33 millones 99 mil 292 pesos, además de que fue inhabilitado en 1998, aunque fue reincorporado al gobierno federal a los pocos meses.

Finalmente, Augusto Santiago solicitó a la Procuraduría General de la República que mantenga el proceso en contra de Moreno Díaz “y ver si es posible que ahora que se declare la suspensión pueda regresar a la cárcel este señor que le ha hecho tanto daño a una institución que debe ser patrimonio de todos los mexicanos”.

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