El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet Chemor, inauguró los trabajos del diplomado Los derechos humanos y la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, coordinado por la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Celebró que este diplomado conjugue, “por un lado, la investigación académica de la reforma constitucional sobre derechos humanos, y por otro, el apetito legítimo de los asistentes para transformar la realidad”.

Para hacer que los derechos humanos no sólo sean objeto de estudio, prosiguió el diputado Chuayffet Chemor, sino la práctica de una cultura política en la que el pueblo de México aprenda a ser tolerante, respetuoso y a exigir respeto a los derechos de cada quien.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Manuel Cadena Morales, explicó que las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos han sido las más trascendentes de los últimos 25 años.

Dijo que el seminario servirá para entender las modificaciones y actuar conforme a las circunstancias que vive México. “No solamente es importante tener leyes o reformas, es importante estudiarlas, explicarlas y discernir sobre ellas”.

Para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, esta reforma constitucional debe ser considerada la más importante del México contemporáneo, “porque reconoce en el texto de la Constitución este concepto como parte de una política integral del Estado”.

Destacó que es trascendental hacer un profundo análisis de los 11 artículos que fueron modificados. Explicó que la reforma contempla cambios sustantivos al sistema jurídico mexicano y establece un renovado impulso al desarrollo político del país, “porque sitúa a la persona como el principal centro de actuación de los poderes públicos”.

Mencionó que cada año se reporta un promedio de 12 millones de delitos, de los cuales, sólo 1.2 millones son denunciados y menos del 10 por ciento de éstos terminan con una sentencia, no siempre condenatoria, lo cual trae como consecuencia que más del 90 por ciento de las víctimas queden con insatisfacción de justicia.

“Se les lastima por parte del delincuente y también por parte de aquella autoridad que no cumple con su función y que deja pendiente un capítulo, el de la justicia”, apuntó el titular de la CNDH.

Plascencia Villanueva concluyó que ahora se debe generar una modificación a la legislación secundaria para llamar a cuentas a todo aquel servidor público que es renuente a observar los derechos humanos.

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