Diputados integrantes de la Comisión de Vivienda se reunirán con los directores de INFONAVIT, FOVISSSTE Y CONAVI para que expliquen por qué las amortizaciones a los créditos de los trabajadores representan más del 50 por ciento de sus salarios, cuando la Ley Federal del Trabajo establece que no debe rebasar el 20 por ciento.

En reunión, el presidente de la instancia legislativa, diputado Martín Rico Jiménez, del grupo parlamentario del PAN, dijo que también deben eliminarse los cobros de créditos al Infonavit en salarios mínimos para que sean en pesos.

Informó que existe una iniciativa del diputado Oscar Aguilar González, del grupo parlamentario del PRI, para reformar el artículo 44 de la Ley del Infonavit, para que regrese al sistema monetario, es decir que el cobro sea en pesos y no en salarios mínimos, debido a que hoy cuesta más caro el financiamiento contraído con el instituto que el bancario.

Aguilar González, explicó que por ejemplo, si un trabajador tiene cuatro o cinco salarios mínimos, le cobrarán hasta 11.5 por ciento en veces salarios mínimos, y cada año se incrementa y se actualiza, por ello ven que no disminuye el monto del crédito y les afecta cuando pierden su trabajo.

El diputado Aguilar González comentó que presentará otra iniciativa para que se dé a los empleados una prórroga hasta de tres años, pero que no sea en los términos que lo estipula la ley actualmente.

“Porque por ejemplo, si el trabajador solicita una prórroga, esta es de un año y si al mes ya encontró trabajo, desperdició 11 meses, queremos que sean contabilizados días y deben ser tres años como máximo de prórroga para que el empleado no caiga en cartera vencida o de morosidad”, planteó.

Sobre los recursos que tiene el Infonavit de trabajadores que no han ejercido sus créditos hipotecarios, el diputado Leobardo Soto Martínez, del grupo parlamentario del PRI, informó que hay cerca de 70 mil demandas contra el Infonavit para que regresen el fondo pensionario a cada empleado, de acuerdo a la Ley Pensionaria del 77; existen cerca de 12 mil millones de pesos, que beneficiaría a 800 mil trabajadores.

Hay una jurisprudencia al respecto, es necesario generar un dictamen no sólo del octavo transitorio sino de toda la Ley de Infonavit, agregó.

“Si vamos a generar un beneficio al trabajador, vamos a hacerlo de manera integral, por qué generar pequeños parches que son puntos específicos que en poco benefician a los trabajadores”, externó Soto Martínez.

La Comisión se reunió además con el vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Pablo García del Valle, ante el interés del organismo empresarial de conocer el estatus en que se encuentra la Ley del Infonavit.

“La idea es ver de qué manera podemos compaginar sus objetivos con los de los de la Comisión para impulsar una política pública en materia de vivienda”, señaló el presidente de la Comisión, diputado Martín Rico Jiménez.

Puntualizó: “hay que reconocer que nuestras ciudades se han ido dispersando, se han ido fragmentando y en muchos casos se ha roto el tejido social, lamentablemente lo vemos en consecuencias de violencia y desintegración de la vida familiar”.

Se cuenta con suelo apto para construir las necesidades de vivienda, que son 21 millones de casas de aquí al 2030, en el centro y periferias de las ciudades del país, y evitar seguirlas dispersando y desintegrar urbes sin planificarlas a largo plazo.

De esas 21 millones de vivienda 13 serían nuevas y 8 millones para remodelarlas, precisó.

El diputado Pedro Peralta Rivas, del grupo parlamentario del PAN, opinó que hay que aprovechar el suelo urbano densificándolo para que las familias no tengan que desplazarse grandes distancias para ir a sus escuelas, centros de trabajo o lugares de diversión.

Al respecto, el diputado Enrique Torres Delgado, del grupo parlamentario del PAN, indicó que prevalecen las ciudades desordenadas, con hacinamientos.

En su momento, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez del grupo parlamentario del PT, dijo que existe también una iniciativa a la Ley del Infonavit, que ella propuso, y que establece que el Congreso de la Unión supervisará y vigilará que las operaciones del Infonavit se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas.

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