La Comisión de la Función Pública solicitará información a la Secretaría de Gobernación, respecto a los permisos otorgados en la operación de casinos, la situación que guardan y los lineamientos que cumplen.

A propuesta de la diputada Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del PAN, se acordó pedir información al gobernador de Nuevo León y al alcalde de Monterrey, sobre los hechos suscitados la semana antepasada en el Casino Royale.

También se aprobó citar a la procuradora General de la República para que dé información sobre la Ley Anticorrupción, para que se dé protección a los denunciantes, con servicio de escoltas o, incluso, un programa de testigos protegidos.

El presidente de la instancia, diputado Pablo Escudero Morales dijo que se deben conocer sus implicaciones presupuestales y cómo se desarrollaría ese programa, porque no está claro en la Ley Anticorrupción.

Asimismo, se solicitará a la procuradora que informe respecto a la resolución colegiada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en la que denuncian a la Secretaría de la Función Pública (SFP), ante su propio órgano de control interno, por actuar “con opacidad y esconder información” respecto a la evolución patrimonial de Vicente Fox y Martha Sahagún.

En la misma reunión, realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, también se avaló invitar a representantes del Colegio de Arquitectos para que expliquen en qué consistió el proyecto de Estela de Luz”.

Asimismo, acordaron reunirse con la comisión estatal de San Luis Potosí para que explique el proyecto del inmueble para el Instituto de Transparencia, para el que se requieren 20 millones de pesos.

Avalan reforma para que sanciones a servidores públicos sean según situaciones de los inculpados

La Comisión de la Función Pública avaló un dictamen para reformar el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para dotar de elementos de juicio a la autoridad, y que la sanción contenida en este precepto no sea rígida y contemple las peculiaridades de cada caso.

El presidente de esta instancia, diputado Pablo Escudero Morales, explicó que actualmente la ley establece sanción de inhabilitación por un año a servidores públicos que no presenten su declaración patrimonial; mientras el artículo 113 de la Constitución señala que para aplicar una pena se deben valorar diferentes situaciones de los inculpados.

“Esa valoración no se hacía porque sólo había una sanción, que era un año; pero con esto estamos estableciendo una sanción de seis meses a un año de inhabilitación”, precisó.

El legislador del grupo parlamentario del PVEM puntualizó que esta reforma permite individualizar la sanción de los funcionarios y puedan ser 7, 8, 9 ó 10 meses, individualizados, y evitará que se caigan los asuntos en los tribunales.

Se establecen parámetros mínimo y máximo de la inhabilitación impuesta por la omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración de situación patrimonial de conclusión del encargo de un servidor público, así como prever una sanción mínima y máxima para los casos de reincidencia, en el mismo caso.

La reforma indica que para el caso de omisión, sin causa justificada en la presentación de la declaración patrimonial se inhabilitará al infractor de seis meses a un año y si el infractor fuese reincidente, se impondrá una inhabilitación no menor a nueve meses, sin exceder el plazo de un año.

Durante una reunión de trabajo, también se avaló el dictamen que expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada, cuyo objeto es regular su uso y la expedición de certificados digitales a personas físicas, así como servicios relacionados con la misma y su homologación con las firmas electrónicas avanzadas reguladas por otros ordenamientos.

Escudero Morales resaltó la importancia de modernizar las entidades y dependencias para que todos los trámites se hagan de manera electrónica, “que los ciudadanos no tengan que acudir a hacer sus trámites. Con eso les ahorramos tiempo en traslado, y les ahorramos también la posibilidad de actos de corrupción”.

Afirmó que éste será un instrumento valioso que ayudará a los ciudadanos a hacer sus trámites y también a los servidores públicos a comunicarse entre ellos, entre entidades y dependencias, para tener en línea la información, los datos verificados y que se use de manera más ágil.

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