La diputada Adriana Sarur Torre, del grupo parlamentario del PVEM, propuso reformas al artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para incorporar la posibilidad de que las armas de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Marina decomisadas, también puedan destinarse a las corporaciones de seguridad pública de la federación, de los estados y los municipios.

Se establece que en el caso de que dichas armas hayan sido utilizadas para la comisión de algún delito, a fin de evitar su inoperancia, deben quedar al resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la secuela procesal.

En la propuesta presentada en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, se precisa que el tráfico de armas es uno de los delitos que más se persiguen en México, puesto que va acompañado del tráfico de drogas. Los estados en los que mayormente se decomisan armas son: Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila. La propuesta se envió a la Comisión de Defensa Nacional.

Abrogar la ley de depósitos en efectivo

Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa de la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del PRI, que pide abrogar la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, ya que violenta las garantías de audiencia, la privacidad y el secreto bancario.

Facultades de investigación de la Función Pública

Para facultar al titular de la Secretaría de la Función Pública de instruir al personal de los órganos internos de control para que realicen tareas de investigación en una dependencia o entidad distinta a su adscripción, cuando existan circunstancias o razones que así lo justifiquen, el diputado Marcos Pérez Esquer, del grupo parlamentario del PAN, leyó reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Fue turnada a la Comisión de Gobernación.

Certidumbre jurídica para los usuarios de seguros

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para darle certidumbre jurídica a los asegurados, ya que es recurrente el hecho de que algunas aseguradoras tardan entre 6 meses o incluso años en pagarle su indemnización al asegurado o beneficiario de conformidad con la póliza que se establece en su contrato. Fue remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Videograbar licitaciones públicas

A la Comisión de la Función Pública se mandó una iniciativa del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario Nueva Alianza, que modifica el artículo 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el fin de que puedan ser videograbadas las licitaciones públicas cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo.

Reformas a la Constitución y Ley Minera impulsadas por el PT

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del PT, presentó tres iniciativas. La primera reforma el artículo 89 de la Constitución Política para derogar la facultad del Ejecutivo de preservar la seguridad nacional y limitar la intervención de las Fuerzas Armadas en el orden interno. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Otra deroga las fracciones II, IV y V del artículo 38 Constitucional, a fin de eliminar las causas de suspensión de derechos políticos previstas, con el propósito de salvaguardar los principios de presunción de inocencia, dignidad de las personas y reinserción social. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La tercera reforma los artículos 6, 13, 19 y 21 de la Ley de Minería, con el propósito de garantizar los derechos colectivos que se reconocen en la Carta Magna y en los convenios internacionales ratificados por el Senado a los pueblos y comunidades indígenas, así como de los núcleos agrarios, ejidales y comunales y para restringir la minería a cielo abierto y el uso de técnicas basadas en el cianuro. Se canalizó a la Comisión de Economía.

Que Comisión Nacional de Desarrollo Social analice reglas de operación de programas sociales

A su vez, el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del grupo parlamentario del PRI, presentó modificaciones a la fracción IX del artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social para que la Comisión Nacional de Desarrollo Social tenga la función de analizar y emitir opinión, a más tardar el 15 de febrero, respecto de las reglas de operación de los programas sociales del año fiscal en curso publicadas por el ejecutivo federal. Se remitió a la Comisión de Desarrollo Social.

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