La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación acordó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, su opinión respecto de la posibilidad de fincar responsabilidades al ejecutivo federal por inconsistencias en V Informe de Gobierno entregado al Congreso de la Unión.

Asimismo, aprobó exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, a la brevedad, dictamine las cuentas públicas pendientes, entre otras, la de 2009.

Otro de los acuerdos aprobados en su sesión ordinaria de trabajo fue citar a comparecer al director general de Petróleos Mexicanos para que explique lo concerniente a la operación con la petrolera española Repsol.

Del mismo modo, recibió de la Auditoría Superior de la Federación su petición de recursos, por un monto de mil 805 millones 500 mil pesos, para ser incluido en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos 2012.

Sobre este tema, la diputada Esthela Damián Peralta, presidenta del órgano legislativo e integrante del grupo parlamentario del PRD, consideró que la propuesta es congruente, sobre todo cuando en el último año la ASF no tuvo un incremento en su presupuesto derivado de la crisis económica.

“Lo que se busca es darle un incremento que corresponda a las necesidades que tiene la institución, en función de nuevas contrataciones para incrementar las auditorías”, explicó.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, mencionó que la cantidad planteada por la ASF es una respuesta a la solicitud de los legisladores para fortalecer sus trabajos. “Estamos sugiriendo que se busque contratar a más personal de auditores para ampliar la fiscalización”.

Durante el punto de asuntos generales, el diputado Mario Di Costanzo Armenta, del grupo parlamentario del PT, indicó que en el V Informe de Gobierno existen inconsistencias que no concuerdan con lo expresado por el jefe del ejecutivo en sus discursos correspondientes.

Por ese motivo, propuso consultar al auditor superior, “una vez que conozcan los párrafos escritos en el Informe y que no concuerdan con la realidad o con las estadísticas, si hay algún proceso para iniciar algún tipo de fincamiento de responsabilidad, ya sea desde una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública o bien, para iniciar un juicio político”.

Por su parte, el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del PRI, manifestó la necesidad de discutir y votar las cuentas públicas pendientes.

Dijo que este asunto de la Cuenta Pública se convierte siempre en un motivo propagandístico. “Yo veo que gastamos mucho dinero en la ASF, en la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, en contralorías de todo tipo, pero el resultado final, que es su evaluación, sigue siendo algo que queda siempre para después, lo que es muy penoso y eso es responsabilidad de todos los diputados. No es una cuestión graciosa, es una obligación constitucional dictaminar las cuentas públicas”.

Los diputados Sebastián Lerdo de Tejada y Marcela Guerra Castillo, ambos del grupo parlamentario del PRI, coincidieron con los planteamientos de los diputados Santiago Ramírez y Di Costanzo.

Lerdo de Tejada señaló que el Informe que rinde el ejecutivo federal a la Cámara de Diputados no es un tema de trámite, sino de cumplimiento constitucional y del diálogo entre poderes. “Me parece inadmisible que se digan cosas en los anexos o en las cifras, distintas a los discursos y en las conferencias de prensa. Hay una realidad mediática construida desde el gobierno y hay cifras que pretenden esconder en cientos de páginas”.

En tanto, José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del PRD, fijó su postura a favor de revisar las cuentas públicas, así como de que la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión de la veracidad del informe de gobierno del Presidente de la República.

El diputado Francisco Saracho Navarro, del grupo parlamentario del PRI, propuso una reunión de la Comisión de Vigilancia con el titular de Pemex, Juan José Suárez Coppel, para que explique los objetivos, beneficios, características e implicaciones de la operación con Repsol y sobre la veracidad y en su caso implicaciones del supuesto acuerdo entre Petróleos Mexicanos y Sacyr para ejercer el control de la petrolera española.

Por otra parte, la Comisión de Vigilancia aprobó la propuesta del rediseño estructural de la Unidad de Evaluación y Control y su presupuesto, a fin de hacerla más eficiente.

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