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Boletín N°. 3883 Aprueba el Pleno la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que establece medidas precautorias para evitar tragedias en los sistemas de cuidado infantil, independientemente de la denominación que adopten.

Sobre el tema, y a petición del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, se guardó un minuto de silencio en memoria por las 49 víctimas del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.

En el documento, avalado por 372 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, se establecen los requisitos para la constitución y funcionamiento de los establecimientos de cuidado infantil y crea el Sistema Nacional de Prestación de Servicios de Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Se refiere que en los últimos 20 años ha habido un incremento sustancial en el número de establecimientos dedicados al cuidado infantil, y que no existe a la fecha un padrón confiable a nivel nacional que señale cuántos operan en el país.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que de 1991 a septiembre de 2010 las guarderías y estancias infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se han incrementado en más de un 400 por ciento.

Por ello, la importancia de crear un registro único y confiable sobre el número de establecimientos, la cantidad de niños que atienden y la autoridad responsable que otorgó el permiso o licencia de funcionamiento.

Con la ley se establecen claramente los parámetros que deben considerar los diferentes tipos de establecimientos dedicados a brindar servicios de cuidado infantil, que distribuya las competencias en los diferentes órdenes de gobierno, que defina con claridad las medidas mínimas de seguridad a considerar en los establecimientos dedicados a prestar el servicio de cuidado infantil.

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Yolanda De la Torre Valdez, dijo que los infortunios acontecidos el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, marcaron a la sociedad mexicana y señalaron un camino que por ningún motivo el Estado mexicano puede permitir que se repita.

Es innegable, destacó, que el Estado asuma la responsabilidad más amplia en cuidar las condiciones y términos en que los centros de atención deben de operar, por lo que el esquema que se propone en la ley implica una reorganización radical en las condiciones del servicio que hasta ahora se prestaba.

Dicho servicio, refirió, deberá operar bajo la supervisión y vigilancia de las autoridades gubernamentales en los tres niveles de gobierno, federación, estados y municipios. El servicio no deberá limitarse a las actividades de guardia y cuidado, sino que tendrá que atender las necesidades de salud, alimentación, desarrollo motriz y cognitivo.

La diputada del grupo parlamentario del PRI, mencionó que los centros deberán presentar a la autoridad su programa anual de actividades a las que se comprometen, ya que se establecen normas rigurosas en las condiciones físicas de los inmuebles.

A su vez, el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI, resaltó que el dictamen es de suma importancia, pues el 5 de junio de 2009 los mexicanos de todas las regiones del país “nos sacudimos íntimamente por la tragedia en la guardería ABC”.

Puntualizó que hoy se tiene la responsabilidad histórica de cubrir una deuda pendiente y generar las condiciones, el andamiaje legal, para que se eviten tragedias futuras. “Hoy aprobamos un marco legal que norma de manera integral las condiciones de los centros infantiles y guarderías en el país; es indispensable que cada aspecto sea cuidadosamente regulado. No podemos dejar ningún espacio o vacío legal que permita que esto vuelva a suceder”.

Del grupo parlamentario del PAN, la diputada María Joann Novoa Mossberger destacó que hoy se pone en alto el cuidado integral de los menores a través de la aprobación de la minuta, ya que se privilegia el interés de la infancia.

Resaltó que el nuevo ordenamiento es una de las respuestas que se da al reclamo de la sociedad en relación a la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009, en la guardería ABC. “Se busca atender a los miles de menores de edad que día a día permanecen en diferentes espacios que operan sin cumplir con la normatividad y legislación”.

El diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, indicó que no es posible que existan cerca de 11 mil estancias infantiles-guarderías del Estado y no se tenga una norma general que regule su funcionamiento y que tampoco vigile a las mixtas y las privadas.

Mencionó que es indispensable contar con un instrumento que evite sucesos como el de la guardería ABC, ya que no se puede seguir poniendo en riesgo la estabilidad emocional, psicológica y física de los niños. “Es bueno que ya tendremos una ley y un registro nacional de prestadores del servicio”.

Por el grupo parlamentario de Convergencia, la diputada María Guadalupe García Almanza expresó que el dictamen representa una excelente oportunidad para avanzar en la creación del marco regulatorio que inhiba los riesgos que pudieran dar paso a la repetición de episodios trágicos como el de la guardería ABC, en Hermosillo, en 2009.

Es urgente, apuntó, contar con información que dé cuenta de cuántos establecimientos de este tipo existen en el país, así como quiénes son las personas que se dedican a esta actividad.

Desde su curul también intervinieron las diputadas del grupo parlamentario del PRI Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo y Susana Hurtado Vallejo. El diputado Pablo Escudero Morales (grupo parlamentario del PVEM) y Óscar González Yáñez (grupo parlamentario del PT), quienes expresaron su apoyo al dictamen que crea un sistema nacional de guarderías.

Aprobado en lo general y particular el documento, se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

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