La Comisión de Seguridad Pública se reunió con funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para conocer las acciones y la forma en que se han ejercido los recursos presupuestales orientados a las tareas de prevención y control de confianza de las corporaciones policiacas.

Al respecto, el presidente de este órgano legislativo, diputado José Luis Ovando Patrón, del grupo parlamentario del PAN, explicó que con la información entregada se trabajará para destinar mayores recursos al fortalecimiento de las corporaciones policiacas.

Expresó que derivado del rezago institucional en la materia existen condiciones de inseguridad en algunas zonas del país, “entre más invirtamos para abatir ese rezago vamos a tener mejores resultados, a lo mejor no de manera inmediata como los quisiéramos, pero seguramente con el paso del tiempo; con instituciones fuertes estaremos en condiciones de brindar más seguridad a la población”.

Recordó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se etiquetaron recursos para seguridad pública por 113 mil millones de pesos, “incluido el tema de las fuerzas armadas; es decir, para Marina y Defensa. Hoy estamos buscando un incremento del 10 por ciento de ese monto global”.

Ovando Patrón subrayó que en la actualidad “la población nos exige más seguridad en las calles y tenemos que dársela. Se trata de más presupuesto, concretar resultados, de mejorar el marco normativo y de lograr una buena rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno”.

El diputado Salvador Caro Cabrera, del grupo parlamentario del PRI, propuso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise a los 10 municipios que recibieron más recursos para este rubro, “asegurarnos de que no se hizo mal uso de los recursos, ya que existen denuncias de empresas fantasmas que fueron creadas únicamente para bajar los recursos y hacer mal uso de ellos”.

La diputada Teresa Incháustegui Romero, del grupo parlamentario del PRD, llamó a utilizar el presupuesto de manera más transparente, “no sabemos los costos totales en el manejo de los recursos que son verdaderamente cuantiosos, no sabemos cuánto cuesta cada uno de los programas que se están evaluando y la realidad es que las cifras que plantean nos dejan una reflexión: estamos gastando mucho dinero y los resultados son pocos”.

En su participación, la titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Laura Carrera Lugo, explicó que se asignaron 302 millones de pesos para fortalecer la política de prevención social de la violencia y delincuencia, a repartirse entre los 31 estados y el Distrito Federal, a través de 129 proyectos.

Precisó que las reglas para el otorgamiento de dicho subsidio permiten que se destine el 50 por ciento de su coparticipación a las acciones de prevención social del delito con presentación ciudadana. “Se propone alentar la participación activa de los ciudadanos para coproducir condiciones de seguridad para todos”.

Detalló que entre las funciones del Centro Nacional está la promoción y difusión de la cultura para la paz, la legalidad, el respeto y ejercicio de los derechos humanos, mediante acciones y programas que fortalezcan el orden social, a través del combate a la impunidad y la corrupción.

En respuesta a lo expuesto por los legisladores, Carrera Lugo denunció que se están contratando a familiares de los funcionarios municipales, a través de la creación de consultorías “patito”; la idea “de acercar toda la información necesaria a ustedes diputados es para que puedan llevar a la ASF y así se tomen cartas en el asunto”.

En tanto, el director general administrativo de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, José Luis Colina Ibarra, recalcó que el propósito del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) es fortalecer las instituciones a través de la profesionalización y el mejoramiento del equipamiento.

Puntualizó que en lo que respecta al presente ejercicio fiscal, “a la fecha se ha realizado la transferencia de dos mil 943.8 millones de pesos, que corresponde al 69.70 por ciento del total del recurso etiquetado, faltando sólo por realizar la segunda ministración a dos beneficiarios que solicitaron prórroga para lograr dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las reglas del Subsemun 2011”.

El director del área del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, Adrián Díaz de la Vega Gutiérrez, comentó que a pesar de ser una dependencia de nueva creación, “ya se cuenta con un Centro de Control de Confianza en cada entidad federativa”.

Agregó que entre sus funciones está fortalecer los centros y verificar que la evaluación diaria esté apegada al instrumento rector emitido por el Centro Nacional, “que es el modelo nacional, el cual permite garantizar que la aplicación de los procedimientos es igual en cualquier parte del país”.

Precisó que los centros aplican criterios de evaluación que buscan identificar si hay participación de los elementos en actos delictivos o incurren en conductas que pongan en riesgo, tanto a la ciudadanía como la seguridad de las propias instituciones policiales.

“Una vez que los centros de control de confianza llevan a cabo las evaluaciones, se notifica a la instancia el resultado de la propia evaluación y lo que procede es la baja del elemento, en caso de que no haya acreditado el examen no se le da su certificado y tiene que proceder la baja del elemento”, refirió.

Díaz de la Vega Gutiérrez enfatizó que “somos muy estrictos en la evaluación del personal, hay estadísticas que marcan que sólo uno de cada cuatro elementos evaluados logra acreditarse, derivado de los estrictos procesos”.

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