La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social analiza la minuta que crea la Ley General de la Economía Social y Solidaria, que tiene como objetivo regular a las personas que buscan alternativas de fuentes de empleo a través de la asociación, sin ser parte del sector privado.

El proponente de la minuta, senador René Arce Islas, señaló que en México existen entre 7 y 10 millones de personas en el sector de la economía social, que están en unidades productivas y sociedades cooperativas, las cuales serían reguladas y beneficias en caso de aprobarse esta ley.

La minuta permitirá definir quiénes son y quiénes pueden ser los organismos que formarían parte del sector, evitando abusos por parte de simuladores que afectan al sector social.

También busca conocer el impacto que podría tener en las finanzas públicas el transformar al FONAES en el Instituto de la Economía Social, así como la aplicación del fondo que se crearía para su fomento.

En reunión de trabajo, el secretario de la Comisión, diputado José Manuel Aguero Tovar, del grupo parlamentario del PRI, señaló que esta iniciativa favorecería a la economía social, ya que ayudará a fortalecer un sector muy importante de la población, como lo son las personas que se asocian a fin de tener una fuente de empleo.

La diputada Margarita Gallegos Soto, del grupo parlamentario del PRI, resaltó que con esta iniciativa se regulará a las personas que se asocian en busca de nuevas oportunidades, asimilando el modelo de apoyo que aplican países como España; es algo que le hace falta al país, consideró.

“Tenemos que aprobarlo por la importancia que tiene la economía social. Son muchos los que están dentro de este esquema y debemos regularlos para que el objetivo del por qué se reúnen no sea distorsionado”.

La diputada Delia Guerrero Coronado, del grupo parlamentario del PRI, dijo que esta ley daría una oportunidad para que el país tenga nuevas retribuciones que favorezcan a la economía nacional.

El senador explicó que se busca dar alternativas para que los integrantes de la sociedad no dependan solamente de la economía privada, la cual, afirmó, cuando está en problemas cierra fuentes de trabajo dejando en la calle a los empleados.

“Queremos lograr que en el país exista una reglamentación de la economía social y darle el marco jurídico para que pueda entrar a una competencia en el mercado económico y no sean echados a un lado”.

Este tipo de organizaciones se distinguen por no buscar la ganancia como único fin, sino la distribución social de lo que se obtenga y la prevalencia del empleo, abundó.

La minuta contempla establecer un Congreso y un Consejo Nacionales para tener un mayor impulso, participación y organización en los procesos de integración de los organismos que forman parte del sector.

Contará con apoyos para capacitaciones, así como para la formación se instrumentos de difusión, comercialización y apertura de mercados.

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