En el Palacio Legislativo de San Lázaro se llevó a cabo el foro Derechos humanos laborales ante la reforma constitucional donde legisladores y expertos analizaron la importancia de los cambios legales a favor de los derechos de los trabajadores.

La reciente adecuación constitucional en materia de derechos humanos garantiza que cualquier reforma laboral no contravenga las garantías de la clase trabajadora, ya que se obliga al Estado a respetar y acatar los convenios internacionales de los que México forma parte, afirmó el diputado Francisco Hernández Juárez, del grupo parlamentario del PRD.

El legislador destacó que dicha reforma, publicada el 10 de junio en el Diario Oficial de la Federación, incluye un aspecto trascendente para el sindicalismo mexicano y el mundo laboral en sí, toda vez que eleva al mismo rango constitucional los convenios internacionales.

En este sentido, dijo, se garantiza una plataforma mínima para que cualquier reforma laboral en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, no vaya atrás de los tratados firmados por México, por ejemplo, con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De aprobarse una ley que no esté a la par con dichos acuerdos, dijo, puede ser considerada como inconstitucional. El diputado Hernández Juárez destacó que la finalidad del foro es generar conciencia de lo que significa la reforma constitucional.

En su participación, el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis García López Guerrero, en representación del presidente de ese organismo, consideró que la citada reforma constitucional es una de las de mayor trascendencia y profundidad en la historia del país.

Establece, precisó, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. “Se trata de una reforma que fue resultado de un largo proceso de maduración en materia de derechos humanos, donde la sociedad civil jugó un papel fundamental y, desde luego, la sensibilidad de las y los legisladores”.

No obstante, abundó que es necesario impulsar una nueva cultura de los derechos humanos en los hechos y no en la retórica. Explicó que ello tiene muchas implicaciones que van desde la modernización de los organismos públicos de derechos humanos y un nuevo esquema de atribuciones y facultades.

“Una nueva cultura sobre el papel que juegan los tratados internacionales y hasta una nueva concepción educativa; en suma, un nuevo rumbo que deben definir las políticas públicas en esta materia”.

El Estado mexicano, concluyó, tiene que ser congruente con la política exterior y la Constitución, por tanto, es necesario que nuestra Carta Magna reconozca como principio normativo el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos.

Por su parte, el magistrado Héctor Arturo Mercado López, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, señaló que desde el punto de vista de la administración de justicia, la reforma en materia de derechos humanos es una de las más importantes en la historia del constitucionalismo en México.

Consideró que aún persiste el debate en torno a si la incorporación de los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución o por debajo. “Me parece que para efectos de la defensa de los derechos humanos, no importa si la aplicación de los convenios internacionales es de manera teórica. Esta reforma es vital porque reconoce por primera vez que los derechos laborales son derechos fundamentales”.

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