La Cámara de Diputados expresó su más enérgico rechazo a la realización de cateos sin orden de la autoridad competente, en agravio de ciudadanos, como el ocurrido el 15 de septiembre, el cual afectó al diputado Eduardo Bailey Elizondo y a su familia.

En un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, este órgano legislativo hizo un enérgico exhorto a la Secretaría de Gobernación para que vigile que los operativos que se realicen se conduzcan con estricto apego al estado de derecho y se respeten en todo momento las garantías individuales que otorga la Constitución Política a todos los ciudadanos.

Lo anterior porque dicha dependencia es la responsable de coordinar al gabinete de Seguridad Nacional del Gobierno Federal y, por tanto, de articular los esfuerzos de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal en la materia.

Se aprobó además, que la Mesa Directiva de esta Cámara establezca contacto con las autoridades competentes para que este tipo de incidentes no se repitan en agravio de ningún ciudadano, incluyendo a los integrantes del poder Legislativo Federal.

Asimismo, se designó a un grupo plural de diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas con representación en esta Cámara para que acudan ante las autoridades competentes a efecto de entregar, de manera personal y directa, el acuerdo aprobado y la versión estenográfica de las intervenciones de legisladores federales que se expresaron en relación con el mismo.

El grupo plural para entregar el acuerdo quedó integrado por los diputados Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del PRI; Camilo Ramírez Puente, del grupo parlamentario del PAN; Florentina Rosario Morales, del grupo parlamentario del PRD; Pablo Escudero Morales, del PVEM; Pedro Vázquez González, del PT; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia; y Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza.

También se votó a favor una reserva para adicionar un punto propuesto por el diputado Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, para exigir una disculpa pública del gobierno federal y que se inserte en los medios de comunicación, estatales y municipales.

Se avaló facultar a la Mesa Directiva a elaborar una pregunta parlamentaria que el próximo jueves será presentada al Pleno y sometida a votación para después formularla a los titulares de las dependencias correspondientes.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del PRI, manifestó que es inaceptable la realización de operativos basados únicamente en denuncias anónimas, sin una investigación que sustente su actuación o sin un trabajo de inteligencia previo, esto ante los hechos ocurridos en contra de su familia la madrugada del jueves 15 de septiembre.

El diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT, expresó que la reiterada violación de derechos humanos a todos los mexicanos, al margen de que cuenten o no con fuero, es una práctica recurrente que no puede ser aceptada y tolerada.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta señaló que el Congreso no está actuando como un poder al realizar exhortos que no llevan a nada, “ya basta, por menos que esto deberíamos de exigir la renuncia al secretario de Marina y de todo el gabinete de seguridad pública”.

El diputado Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, solicitó una disculpa pública por parte del gobierno federal, que se inserte en todos los medios estatales y municipales, a fin de salvaguardar el honor y reparar el daño moral que se le ha causado a la familia del diputado.

El diputado Óscar González Yáñez, del grupo parlamentario del PT, dijo que este tipo de actos solamente abonan a la intranquilidad del país y de la sociedad, por lo que hizo un llamado a retirar el exhorto de la Jucopo “y buscar por otros medios se garantice la seguridad de los legisladores para que cumplan sus tareas”.

El diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI, solicitó al Poder Ejecutivo dé una explicación al Congreso de la Unión respecto de las acciones que han tomado las instituciones de seguridad a su cargo, para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

El diputado Avelino Méndez Rangel, del grupo parlamentario del PRD, pidió a la Mesa Directiva solicite al Ejecutivo federal los nombres de los funcionarios responsables del operativo donde se allanó la casa del diputado Bailey Elizondo “y su consecuente renuncia o separación del cargo. Si no lo pedimos estamos abonando a la impunidad, al flagelo que hoy daña al país”.

El diputado Camilo Ramírez Puente, del grupo parlamentario del PAN, expresó que la Secretaría de Gobernación debe dar una explicación satisfactoria y proceder conforme a lo que dicta la ley, “sancionando a quienes hayan sido responsables”.

El diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, propuso retirar el exhorto y que el Pleno se pronuncie porque las fuerzas armadas rindan un informe y sancionen a los responsables de estas acciones.

El diputado Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Gobernación, lamentó no sólo el allanamiento de morada del legislador Bailey. “Deploró todos los allanamientos que sufra cualquier ciudadano, bajo el pretexto del combate al crimen organizado”.

En su turno, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del grupo parlamentario del PT, refirió que está el asesinato de Villanueva de la Luz; el allanamiento a la casa del diputado Bailey; ocho días antes, en Xalapa, Veracruz, fue allanada la casa de Miguel Ángel Díaz Pedroza, quien fue diputado local, subsecretario de Gobierno y secretario de Gobierno de Veracruz, también por la Marina.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del grupo parlamentario del PRD, comentó que el allanamiento al domicilio del diputado Bailey “ojalá de verdad esto que le sucede a él hoy no quede impune y por supuesto que me sumo a esta condena enérgica”.

En tanto, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del grupo parlamentario del PT, señaló que estos allanamientos de morada se están dando de manera constante en el país desde hace años. Por lo que consideró que es importante la comparecencia del secretario de Marina, Francisco Saynez, porque sí debe haber una rendición de cuentas y una sanción.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del PT, dijo que se deben exigir responsabilidades penales, administrativas, civiles y políticas. Insistió en que el responsable del allanamiento a la casa del diputado Bailey es el secretario de Marina.

Del grupo parlamentario del PRI, el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella señaló que se está hablando de violaciones a los derechos humanos que hizo la Secretaría de Marina. Pidió reactivar la actividad en la Comisión de Gobernación y dictaminar junto con el Senado la Ley de Seguridad Nacional.

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