La Comisión de Justicia aprobó reformar diversas disposiciones de los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de robo al autotransporte federal, para que se le considere como un delito grave que deberá perseguirse de oficio.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Humberto Benítez Treviño, del grupo parlamentario del PRI, explicó que se propone establecer un capítulo especial en el Código Penal Federal “denominado del robo al autotransporte federal”.

Además, continuó, cuando este delito sea cometido por quienes conforman o se encuentren vinculados con la delincuencia organizada, se deberá castigar en términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Detalló que el robo al autotransporte se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años, “principalmente porque el crimen organizado, al diversificar sus actividades delictivas, ha encontrado atractivas alternativas para incrementar sus recursos a través del robo a medios de transporte”.

En el dictamen se subraya que en los últimos 12 meses el robo al autotransporte aumentó, “de ahí la necesidad de establecer un marco jurídico que permita a las autoridades responder de manera expedita a los requerimientos de un sector tan importante para la vida económica del país, como lo es el sector del autotransporte”.

Además, se afirma que las carreteras con mayor presencia del crimen organizado son: México-Nuevo Laredo, México-Guadalajara, México-Puebla y México-Veracruz.

Menciona que la Asociación Nacional del Transporte Privado, A.C. (ANTP) publicó un documento que señala que en el robo al transporte de carga el 27 por ciento corresponde al rubro de alimentos, entre los que se encuentran vehículo repartidores.

Además, 75 por ciento del total de los siniestros se presentó por la mañana y el mes con mayor incidencia, con el 21 por ciento, fue diciembre.

El costo de la inseguridad en México es muy alto; de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) se calcula que en México este problema representa al año un costo de 770 dólares por habitante, lo que equivale al 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Se destaca que la piratería y el contrabando generan pérdidas anuales por más de 12 mil 500 millones de dólares y ocasionan la disminución de 600 mil empleos. Estos ilícitos generan competencia desleal que impide inversiones, crecimiento económico y empleo, porque consolida la actividad informal.

Precisa que las acciones de tipo empresarial deben ser reforzadas con una política que evite que el robo al autotransporte llegue a representar la segunda actividad ilícita más lucrativa después del narcotráfico.

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