La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a las comisiones de Justicia con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública una iniciativa del ejecutivo federal, que expide el Código Federal de Procedimientos Penales.

El propósito es modernizar la administración de justicia, al establecer las normas que habrán de observarse en la investigación, imputación, acusación, juzgamiento e imposición de la sanción de los delitos competencia de los jueces y tribunales federales.

La propuesta contiene las directrices que rigen al nuevo sistema de justicia penal, bajo un esquema respetuoso del equilibrio de los derechos tanto de las víctimas del delito y del imputado, partiendo de principios como el de presunción de inocencia y los del proceso penal establecidos constitucionalmente, los cuales le dan la característica de acusatorio y oral.

Ello, para que prevalezca la igualdad entre las partes y que las pruebas se desahoguen frente a los tribunales y de cara al público. Dichos principios son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación e igualdad.

También se definen para los operadores jurídicos de manera clara, las reglas que regirán al procedimiento penal. El Código plantea el desarrollo de los tres grandes elementos procesales propios del sistema penal acusatorio: la investigación, la etapa intermedia y el juicio oral.

Además, se complementa con características propias de la reforma constitucional, tales como la vinculación a proceso, el control previo, la figura del hecho delictivo, el catálogo de delitos considerados graves por la Constitución Política para efectos de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la regulación de la conducción y el mando del Ministerio Público durante la investigación y las funciones de la policía, el desarrollo de procedimientos especiales para sancionar a personas jurídicas o para inimputables, entre otros aspectos.

Minuta sobre bachillerato obligatorio

Del Senado de la República se recibió la minuta que reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución Política, para instituir la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior.

Se establece que la cobertura total del bachillerato, “en todas sus modalidades”, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 para terminar “a más tardar” en el 2021-2022. Fue enviada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Comunicaciones

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del grupo parlamentario del PRI, solicitó que su iniciativa presentada el 12 de octubre de 2010 sea nuevamente turnada a la comisión correspondiente y que sea dictaminada conforme al nuevo reglamento.

A su vez, la legisladora María Dina Herrera Soto, del grupo parlamentario del PRD, pidió retirar de los registros parlamentarios la iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de las Personas con Discapacidad; Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la General de Desarrollo Social.

Se mandó a la Comisión de Economía un oficio de la Secretaría de Hacienda, en el que informa que en el mes de agosto de 2011, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

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