El Pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley General de Salud, para establecer como delito grave la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de bebidas alcohólicas y sancionarlas como delincuencia organizada.

En las reformas avaladas con 339 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones, se establece una pena de uno a nueve años de prisión y multa de cien a mil días de salario mínimo a quien por sí o a través de otro expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas.
En el documento se precisa que de acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entre 45 y 50 por ciento de las bebidas que se consumen en el país son adulteradas o falsificadas.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Humberto Benítez Treviño, explicó que en la adulteración se mantiene la esencia del producto pero hay daños a la salud. En la falsificación se sustituye la esencia del producto con resina de madera y metanol que causan pérdida de la vista y hasta la muerte.

Dijo que la reforma es para sancionar como delito grave la adulteración o falsificación de bebidas alcohólicas, ya que es un problema de salud pública. Se amplía la sanción penal de uno a nueve años y de 100 a mil días multa, porque las fábricas clandestinas que adulteran y falsifican los vinos en este país son verdaderas empresas del crimen organizado.

El presidente de la Comisión de Salud, diputado Miguel Antonio Osuna Millán, resaltó que en el Distrito Federal existen 2 mil 200 lugares que venden licor adulterado que pone en riesgo la salud de la población, sobre todo de los jóvenes.

Precisó que la problemática genera mercados informales que adulteran y falsifican el alcohol, afectando directamente la sociedad, tanto por colocar en el mercado productos de baja calidad y dudoso origen, como en la afectación del mercado formal, la cual ha tenido una contracción del 30 por ciento impactando directamente en la pérdida de 6 mil empleos directos y más de 100 mil indirectos.

El diputado Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, dijo que con la reforma se pretende atacar la grave problemática para la salud pública que significa la comercialización de este tipo de productos.

Subrayó que en México, de acuerdo con la Cámara de la Industria de Vinos y Licores, seis de cada 10 botellas de bebidas alcohólicas son adulteradas con una carga de metanol y otros productos que provocan en sus consumidores, desde mareos, pérdida de la vista e incluso la muerte.

En su turno, el diputado Arturo Santana Alfaro, del grupo parlamentario del PRD, consideró que es importante la reforma, “creo que debemos de tipificarlo definitivamente como un delito grave, pero me parece que estamos incurriendo en un exceso de penalización violando preceptos elementales como que la pena privativa de la libertad debe ser la última medida que el Estado deba de aplicar a los delincuentes”.

Por su parte, el diputado José Alfredo González Díaz, del grupo parlamentario del PRD, comentó que la adulteración de bebidas es delincuencia organizada, porque no se lleva a cabo por una, dos o tres personas; “es una gran red que existe en el país, desde el momento en el que lo elaboran, distribuye y venden”.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del PT, se manifestó en contra por considerar que se puede “transformar en una suerte de Estado policiaco que a todos los delitos realizados por las personas se les clasifica ya como delitos de crimen organizado”.

Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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