A fin de solucionar la sobreexplotación de las playas y zonas federales marítimo-terrestres (ZFMT), la diputada Adriana Sarur Torre, del grupo parlamentario del PVEM, propuso reformas, para exentar del pago de derechos a las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que ayuden a la conservación y protección del medio ambiente.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público analizará las reformas al artículo 233 de la Ley Federal de Derechos, que pretende incrementar las actividades de conservación, protección o restauración de la zona federal marítima-terrestre o cualquier otro depósito de aguas marítimas, que sean promovidas por personas físicas u organizaciones de la sociedad civil.

En el documento se precisa que la reforma a la fracción IV del artículo 233 de la Ley Federal de Derechos, beneficiaría a personas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el bienestar social, cuyas acciones deben ser fomentadas por el estado, y reconocer su experiencia y capacidad filantrópica.

De igual manera, fortalecer el papel de las personas físicas y las organizaciones de la sociedad civil en el bienestar colectivo mediante incentivos fiscales que permitan expandir la conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales que proveen.

La legisladora señaló que el problema que ha afectado los ecosistemas marino-costeros del país es el crecimiento descontrolado de desarrollos inmobiliarios al margen de la zona federal marítimo-terrestre.

Destaca que los hoteles, restaurantes y empresas a los que se les brinda la concesión, no cuentan con un programa integral de conservación que permita la continuidad de los procesos ecológicos de ecosistemas frágiles como los humedales, matorrales costeros y zonas de anidación de aves playeras y tortugas marinas.

La propuesta también permitiría el mantenimiento de la morfología costera del país, fundamental para el sostenimiento de los ecosistemas costeros y su productividad.

La reforma a la Ley Federal de Derechos contempla que se integre a la discusión actual del paquete presupuestal para 2011, donde se aclare el problema conceptual y que se permita que opere la exención del pago de derechos para las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro.
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