La Comisión de Cultura busca establecer en el marco legal la defensa del patrimonio cultural inmaterial del país, a fin de protegerlo de la explotación por parte de empresas transnacionales, con la Ley de Coordinación sobre el Patrimonio Cultural Intangible.

En conferencia de prensa, la presidenta de esta instancia, diputada Kenia López Rabadán, dio a conocer los avances del Consejo Asesor del Marco Jurídico de la Cultura, integrado por especialistas e investigadores en la materia, quienes propusieron la iniciativa.

Indicó que cada propuesta será analizada y discutida por la Comisión. “La decisión de cada tema tendrá que darse al interior de la Comisión de Cultura y, en su caso, en el Pleno, pero este esfuerzo que vemos materializado, suma a la discusión y suma objetiva y tangencialmente los temas distintos que tenemos en la comisión, que ninguno se ha concluido”.

Dijo que el Consejo, instalado por este grupo legislativo el 6 de julio de 2011, ha realizado un trabajo transversal que abarca desde el tema normativo hasta el presupuestal y la viabilidad de las empresas culturales.

La coordinadora del citado Consejo de Asesores, Lucina Jiménez López, mencionó que una de las fuentes más importantes de explotación de las transnacionales es el patrimonio y conocimiento tradicional de los pueblos, que son objeto de comercialización y explotación que no beneficia a los pueblos originarios ni a las comunidades.

Mencionó que los creadores de las formas musicales, dancísticas, creencias, formas de ordenamiento del mundo, no tienen ningún recurso para reconocer ante el Estado y cualquier otra entidad que son los poseedores y creadores de ese patrimonio.

Añadió que la economía de la comunidades populares, indígenas, campesinas, está en relación con la manera en cómo pueden beneficiarse de su propia producción cultural.

Si no se legisla para proteger derechos culturales de los pueblos y las comunidades, “vamos a terminar yendo a recoger certificados de autenticidad del mariachi a Los Ángeles, Japón o Colombia, porque por los resultados de toda la migración y las transferencias que crea la globalización, son fenómenos que tienden a moverse”, enfatizó.

Destacó que es una prioridad contar con este marco jurídico para beneficiar a las comunidades y pueblos. “Está de por medio la suerte y el futuro de la cultura mexicana porque estamos hablando de la diversidad cultural”.

Con este documento se da estabilidad al patrimonio cultural inmaterial y se asegura la plena libertad de creación e innovación; se decreta que el conocimiento tradicional le pertenece a la comunidad y se establece la obligatoriedad de salvaguardar la ciencia, conocimientos, tradiciones, expresiones y prácticas culturales de las comunidades.

Les reconoce personalidad jurídica y se ordena que se provean medios de defensa que procuren la consecución de sus objetivos; se decreta la cultura como una actividad de interés federal y objeto de una función pública.

Se declara de interés público la identificación, documentación, investigación y difusión de los diversos componentes del patrimonio cultural y se desarrolla el fomento de la interculturalidad; reconoce la plena igualdad de las culturas, el carácter pluricultural y heterogeneidad de la sociedad mexicana.

Posteriormente, el Consejo presentó los lineamientos para la asignación de recursos etiquetados por parte de la Comisión de Cultura para el Presupuesto de Egresos 2012, con el fin de contribuir a dar mayor sentido social y público, descentralizado y eficiente, al destino de esos recursos fiscales que proceden de las contribuciones de la ciudadanía.

En el documento se señala que México carece de una normatividad que regule y garantice el financiamiento de la actividad cultural y artística a las organizaciones de la sociedad civil; el pacto federal en materia de financiamiento a este sector para estados y municipios requiere de muchas definiciones.

La propuesta plantea que se debe mantener, al menos, la base de asignación igualitaria a los estados de la República y el Distrito Federal; dar prioridad a organizaciones de la sociedad civil que acrediten su constitución legal y experiencia de beneficio social de tres años; también a organizaciones civiles que atiendan con transparencia y buenos resultados el otorgamiento de fondos público.

Además, que la asignación de recursos no aliente el gigantismo de proyectos y que no se etiqueten recursos a las propuestas de grandes empresas que cuentan con fondos propios para el desarrollo de sus iniciativas.

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