El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se expide el decreto que establece los procedimientos para garantizar los derechos de los usuarios de la Compañía Mexicana de Aviación y sus Filiales afectados, en relación con la venta de boletos anterior al inicio del proceso de quiebra.

El objetivo es que los usuarios y adquirientes de boletos de la aerolínea tengan preeminencia en sus quejas y denuncias penales por el incumplimiento en la prestación de un servicio que incluso puede materializar un delito.

En el proyecto de decreto, aprobado por 390 votos a favor y dos abstenciones, se establece que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su oficina central y de sus delegaciones en las entidades federativas, tomará las previsiones necesarias para recibir con oportunidad las quejas de los usuarios adquirientes de boletos de la Compañía Mexicana de Aviación.

Agrega que la Secretaría de Economía, conforme a los procedimientos aplicables, determinará el monto que esta u otra compañía de transportación aérea resarcirá a los usuarios que adquirieron boletos, así como el procedimiento para hacer efectivo el reembolso o la utilización o intercambio de dichos boletos, en coordinación con la Profeco.

El documento fue enviado al ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, el diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, presidente de la Comisión de Comunicaciones, explicó que el objetivo es resarcir el daño patrimonial a usuarios de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales, particularmente los casos en que se adquirieron boletos y que no se han hecho efectivos por el proceso de concurso mercantil al que se sometió a la empresa.

Además, dijo el diputado del grupo parlamentario del PRI, se elimina la responsabilidad que se quiere asignar al gobierno federal para que el erario público cubra el daño patrimonial. “El problema, si bien implica la obligación institucional de participación de diferentes dependencias como la Profeco, las secretarías de Economía y de Hacienda, así como la Procuraduría General de la República, no puede ni debe implicar una afectación al erario público federal”.

A favor del dictamen, el diputado Alejandro Carabias Icaza, del grupo parlamentario del PVEM, dijo que se establece una postura firme que le hacía falta al Congreso en cuanto a las actuaciones y omisiones del gobierno Federal en este tema.

Por el grupo parlamentario del PT, el diputado Mario Di Costanzo Armenta manifestó su voto a favor porque protege y restituye derechos a ciudadanos. “Pero nos estamos quedando a la mitad, ¿por qué no hacer extensivo el decreto a los trabajadores, por qué no le añadimos que se salvaguarden los intereses, empleos, liquidaciones, salarios caídos de más de ocho mil trabajadores de Mexicana de Aviación?”.

Enseguida, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del mismo grupo parlamentario, dijo estar a favor del dictamen; pero destacó que es una irresponsabilidad que no se rescate a la empresa y un absurdo permitir que se concentre en pocas líneas el mercado nacional.

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