La Comisión de Justicia se reunió con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Distrito Federal, Edgar Elías Azar, quién solicitó un presupuesto para el próximo año de 368 millones de pesos (para ser ejercido bianualmente) y construir una nueva sede del Sistema de Justicia para Adolescentes.

El nuevo edificio, dijo, tendría salas de audiencias y ahí se podría ampliar el número de jueces para que puedan resolver en procesos orales.

Al respecto, el presidente de la instancia legislativa, diputado Humberto Benítez Treviño, destacó que no se ha invertido en los centros de prevención y la reinserción social es un fracaso.

Subrayó que es necesario evitar que los jóvenes sean víctimas de la delincuencia. “Seguramente la Comisión habrá de plantear mayores recursos en esta área”.

El diputado Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, refirió que en el 75 por ciento de los delitos están involucrados jóvenes entre los 14 y 24 años de edad. Por lo que consideró que se requieren recursos para cumplir con la protección de los menores.

En su turno, el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT, indicó “estamos conscientes de los reducidos recursos y estamos de acuerdo en que se debe destinar presupuesto para el Tribunal”.

La diputada Carolina Viggiano Austria, del grupo parlamentario del PRI, comentó que es un asunto de prevención y es “mucho más riesgoso tenerlos en un lado que no les proporcione una reinserción. Se debe analizar que en el presupuesto haya un fondo para el Sistema de Justicia para Adolescentes”.

Para la diputada Enoé Uranga Muñoz, del grupo parlamentario del PRD, hay una plural preocupación por atender el tema del Sistema de Justicia para Adolescentes, pero es necesario garantizar que el recurso se aplique.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del PRI, indicó que es muy importante que se cuenten con recursos para una justicia pronta y expedita.

Del grupo parlamentario del PAN, el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina dijo que es importante ofrecer a los jueces lo que necesitan para impartir justicia.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Distrito Federal, Edgar Elías Azar, refirió datos de la UNICEF que indican que entre 25 y 35 mil jóvenes han sido reclutados por el crimen organizado y que las edades en que los menores ingresan a las filas de la delincuencia oscilan entre los 12 y 15 años.

“El reclutamiento de niños y adolescentes se explica por la inmunidad constitucional para no responder penalmente por sus actos, aunque hayan asesinado, secuestrado o torturado”, dijo.

Cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) indican que el número de asuntos federales consignados crece aproximadamente en un 15 por ciento. Según su diagnóstico, entre los años 2007 y 2008 existió un promedio de mil 450 adolescentes, mientras que en 2009 y 2010, un promedio de mil 914; y de enero a agosto de 2011 se han reportado mil 521, por lo que la proyección se espera rebase los dos mil 240, siendo el DF uno de los más afectados.

El funcionario subrayó que aproximadamente el 20 por ciento de los asuntos que recibe el TSJDF son de naturaleza federal (portación de arma de fuego, delitos contra la salud y otros vinculados con la delincuencia organizada).

De acuerdo con datos sobre la criminalidad de adolescentes en el DF, de 2009 a 2010 se incrementó 34 por ciento el número de jóvenes detenidos por delincuencia organizada, portación de armas y delitos contra la salud.

Pidió aprobar la Ley Federal de Justicia para Adolescentes para homologar las penas en el país, ya que “hay entidades federativas que tienen condenas máximas de 3 años y otras hasta 20 años para el mismo delito”.

Aprueban dictámenes

La Comisión de Justicia también aprobó por unanimidad dos dictámenes. El primero reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro.

El dictamen plantea la pena vitalicia a quien incurra en el delito de secuestro y prive de la vida a su víctima o la mutile; cuando se cometa el delito de violación tumultuaria y al que cometa homicidio calificado.

El presidente del órgano legislativo, Humberto Benítez Treviño, destacó que en estos tres delitos la pena vitalicia es menor al daño causado, sin embargo, explicó, al aplicar la pena ya no se busca reinsertar a la sociedad al reo, sino, por el contrario, se trata de proteger a la sociedad misma.

Aceptó que aumentando las penas no se resuelven los problemas de impunidad, inseguridad y delincuencia; y que es necesario insistir en la prevención del delito, sin embargo, abundó, “tenemos que enfrentarnos a la situación de crisis que está viviendo el país, donde la impunidad es alarmante y el fracaso de los programas de reinserción social es evidente”.

El otro dictamen aprobado reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en materia de protección a testigos.

Se establece que el objetivo es garantizar la protección y atención de personas que intervienen en el procedimiento penal y que por ello se encuentren en una situación de riesgo o peligro.

Incluye no sólo a las víctimas en su carácter de testigos y a los colaboradores, sino a servidores públicos que actúen dentro de la investigación y persecución del delito, así como en el enjuiciamiento de los inculpados.

Es indiscutible, señala, que el programa de protección debe ser administrado y operado por servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR); también lo es el que debe existir una autoridad competente encargada de la administración del programa de protección distinta al Ministerio Público y a la autoridad judicial, para que la procedencia de la protección sea resuelta de manera eminentemente objetiva e imparcial.

Por lo tanto, agrega, se propone crear el Centro Federal de Protección a Personas como un órgano desconcentrado de la PGR para la aplicación del Programa y que funge como autoridad ordenadora y dar pie al Programa Federal de Protección de Personas y su autonomía respecto de la investigación y del proceso penal.

Ambos dictámenes serán puestos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados.

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