Diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron con presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, procuradores de justicia y de los Tribunales Agrarios para escuchar sus problemas y necesidades presupuestales para el próximo ejercicio fiscal.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, presidente de la comisión, dijo que los diputados son conscientes de los problemas que enfrentan los tribunales superiores de Justicia y las procuradurías; que hay nuevas responsabilidades y no hay recursos, “pero tenemos toda la intención de tener un acuerdo que les satisfaga a todos”.

Propuso a los tribunales y procuradores que las propuestas que tienen entren en la parte numérica de las Comisiones Ordinarias de la Cámara, a fin de realizar un seguimiento real de los temas y ver la manera de ayudar financieramente al ramo de justicia.

El diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario del PRD, refirió que en la propuesta enviada por el ejecutivo se propone la creación de un fondo nuevo que sería administrado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y ejercido por las entidades, por tres mil millones de pesos, para financiar los ejes de unidades anti-secuestro, lavado de dinero y narcomenudeo.

El diputado Jesús Alberto Cano Vélez, del grupo parlamentario del PRI, subrayó que el federalismo se ha venido estancando, ya que se le han dado nuevas atribuciones, nuevas responsabilidades, a los estados y no ha sido correspondido con mayor cantidad de recursos.

Precisó que el ejecutivo federal del total del gasto neto, gasta el 98.4 por ciento, el legislativo el 0.3 porciento y el judicial 1.3 por ciento. “En el caso de la procuración de justicia se ha venido legislado sin correspondencia con la distribución de facultades y de recursos”.

En tanto, el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del grupo parlamentario del PAN, aseguró que los integrantes de la comisión analizarán de forma seria las necesidades de las procuradurías para darle mayores recursos a un rubro al que le han dado más competencias sin recursos.

El diputado Felipe Enríquez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, puntualizó que el 80 por ciento de los delitos son del fuero común, sin embargo en el proyecto de presupuesto el 80 por ciento de los recursos no está dirigido a los estados. “tendremos que atender con puntualidad estas urgencias que dota de atribuciones a los estados pero que no van acompañadas de recursos”.

En su oportunidad, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que para los gastos de seguridad pública y procuración de justicia, se requieren 40 mil millones más en el presupuesto 2012, para poder cubrir las necesidades básicas en estos dos rubros.

Expresó que las entidades federativas están destinando un 4.1 por ciento de su presupuesto a través de seguridad y un 2 por ciento en lo que tiene que ver con las tareas de procuración de justicia, y un 6 por ciento de todos sus presupuestos. “Sin embargo la parte federal está destinando el 3.8 por ciento”.

Advirtió que la carga financiera total, sólo es absorbida en un 10 por ciento por todo el aparato federal y dejando a los estados el correspondiente 90 por ciento. “En términos reales los estados están con una carga del 55 por ciento de todos los gastos que se generan”.

“Mientras que los ramos de PGR y Seguridad Pública crecieron un promedio anual de 17.2 por ciento, en lo que se requiere al FASP solamente el 2 por ciento”.

Manifestó que ahora con la nueva política de narcomenudeo, el 60 por ciento del peso delictivo que atendía la PGR será una carga de las entidades de todos los estados, así como el tema de menores y trata.

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Rodolfo Campos Montejo, señaló que se debe contemplar un fondo especial para cubrir puntualmente las necesidades para enfrentar los compromisos constitucionales y legales que se generan de la problemática de justicia para adolescentes, el narcomenudeo, secuestro, en materias concurrentes y de los juicios orales.
Dijo que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se consume por las propias secretarías y lo manejan con una gran discrecionalidad “y a nuestras instituciones materialmente no les corresponde nada”.

Afirmó que la suma de todos los presupuestos de los poderes judiciales del país no llega al 50 por ciento del presupuesto que ejerce el Poder Judicial Federal, lo que se refleja en infraestructura, equipamiento y salarios.

La magistrada presidenta de Nuevo León, Graciela Guadalupe Buchanan Ortega puntualizó que se ha incrementado en 380 por ciento el índice de delitos que se conocen en los estados, “de los cuales la federación no ha asumido su competencia y que ha llevado un costo significativo el cual no ha tenido una respuesta para sufragarlo”.

Presupuesto para tribunales agrarios

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se reunió con funcionarios de los Tribunales Agrarios para conocer sus necesidades, así como recabar la información necesaria que ayude para el otorgamiento de recursos.

El secretario de la Comisión, diputado Jesús Alberto Cano Vélez, del grupo parlamentario del PRI, dijo que el objetivo de las reuniones con diferentes instancias es para llegar a formular el proyecto de presupuesto.

“El mecanismo que hemos diseñado es que recibiremos a más tardar el 8 de octubre las opiniones de las comisiones correspondiente a la atención del tema que cada una de las instancias presenten”.

Respecto a los Tribunales Agrarios, informó que esperarán la opinión de la Comisión de Agricultura y Ganadería la cual, explicó, es la competente en los asuntos de este sector.
El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, diputado Cruz López Aguilar, del grupo parlamentario del PRI, resaltó la importancia de otorgar los recursos solicitados para este rubro ya que, dijo, “se han dado fuertes golpes contra el campo”.

“Los programas más importantes de largo plazo para el campo, y los que tienen que ver con el empleo y bienestar de los campesinos y sus familias, han sido mutilados en el presupuesto”.

Afirmó que debe concientizarse sobre la saturación de asuntos en los tribunales agrarios, ya que en caso de no atenderlos, sería un riesgo que se sumaría a otros como el desabasto, cambio climático y riesgo de siniestros, lo cual sería un escenario muy complicado y crearía condiciones de inestabilidad en el país.
“Se requiere de todo nuestro esfuerzo para que el asunto se procese de manera correcta y atendamos la sensibilidad del tema”.

Marco Vinicio Martínez Guerrero, presidente de los Tribunales Agrarios, subrayó la urgencia de contar con los recursos suficientes para aumentar la capacidad de atención de estos, ya que, expuso, cada uno tiene la capacidad de atender solo 500 asuntos al mes, aunque en promedio cada uno recibe 940, advirtió.

“El año que entra cumplimos 20 años de que esta soberanía decidió el inicio de los Tribunales Agrarios, de los cuales en este momento funcionan 50 en todo el país; atendemos una de las actividades primordiales, que es lo relativo a los 25 millones de mexicanos que viven en el campo”.

Pidió que este organismo cuente con recursos propios, que puedan crecer año con año conforme a las necesidades que se presenten, y además que se legisle en materia del amparo agrario para que se establezca en la ley un plazo de presentación.

Informó que en 20 años los Tribunales Agrarios han beneficiado a tres millones 640 mil campesinos, y se han regularizado más de dos millones de hectáreas para entrega.

Leticia Arce, Oficial Mayor de los Tribunales Agrarios, solicitó se apruebe un incremento de recursos para llegar a un presupuesto de mil 87 millones de pesos, con lo cual crear 5 salas de tribunales, una unidad de organización y métodos, otra de informática y una contraloría interna.

“La realidad en este momento es que la justicia pronta y expedita no se está cumpliendo por la falta de presupuesto, ya que en diversas regiones se rebasa la capacidad de los tribunales; se pueden resolver 45 mil casos anuales pero existen más de 86 mil”.

-- ooOoo --