La Cámara de Diputados exhortó al secretario de Energía, Jordy Herrera Flores, y al director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, a suspender las anunciadas medidas de cortes de suministro de petrolíferos (gasolina Magna, Premium y diesel) a las estaciones de servicio de la franquicia Pemex, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la resolución definitiva a la acción de inconstitucionalidad interpuesta.

En el documento, avalado con 331 votos, 0 en contra y 3 abstenciones en la sesión de hoy, se establece que dicha suspensión del suministro de gasolinas y diesel, además de crear parálisis económica y social, traería como consecuencia que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los gobiernos estatales, no reciban las ganancias que representa el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, además de que no se generaría el IVA del 16 por ciento y la cuota IEPS de gasolina que se entrega a los estados.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del PRI, expuso que de suspenderse el corte del suministro por parte de las franquicias, establecido a partir del 30 de septiembre, se generaría una falta de ingresos que equivaldría a mil 741 millones de pesos diarios.

Dijo que con ello Pemex está iniciando un proceso de privatización en la distribución del combustible, dañando a 10 mil estaciones de servicio de las franquicias Pemex que están proporcionando sus servicios.

“Bajo esta óptica, estos funcionarios han presionado a los franquiciatarios del país para que acepten la sustitución contractual al punto de amenazar con la suspensión del suministro de los productos petrolíferos”, agregó.

La diputada Ivideliza Reyes Hernández, del grupo parlamentario del PAN, dijo que esta medida no es la mejor vía, incluso podrían llegar a contravenir el reglamento emitido por el ejecutivo federal, por ello se sumó al exhorto para no intervenir en la actividad comercial que representan dichas estaciones.

En su intervención, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del PT, afirmó que la medida tomada por Pemex es de autoritaria y antidemocrática, cuando hay franquicias que tienen contratos hasta por 15 años.

“Los pactos y convenios deben cumplirse, si no existe la aprobación de la contraparte habrá responsabilidades de carácter civil y administrativo, afectando no sólo el erario público, sino el suministro de millones de mexicanos”, apuntó.

Por su parte, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del grupo parlamentario del PT, advirtió que se estaría corrompiendo dos disposiciones administrativas, la del 12 de abril de 2010 y la del 30 de marzo de 2011, queriendo privatizar a Pemex en su proceso de almacenamiento, transporte y distribución de los petrolíferos, gasolinas y diesel, contraviniendo en la reglamentación constitucional.

El diputado Nazario Norberto Sánchez, del grupo parlamentario de PRD, mencionó que de cancelar el suministro se estarían perdiendo miles de millones de pesos.

El diputado Juan Carlos Natale López, del grupo parlamentario del PVEM, se sumó a la propuesta al reconocer que esto afectaría a empresarios que sostienen parte de la economía del país, además de perturbar los ingresos tributarios de las entidades federativas.

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