El Pleno Cameral reformó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con el propósito de incluir acciones que protejan de este delito, de manera específica, a las personas con discapacidad.

Al hacer uso de la palabra, la diputada María del Carmen Guzmán Lozano, del grupo parlamentario del PAN, se pronunció a favor del dictamen, porque se toma en cuenta a personas con capacidades diferentes que se vean afectadas y por lo mismo pueden tener una discapacidad posterior por la comisión de este delito.

Destacó que con la aprobación del dictamen, con 350 votos a favor, la víctimas podrán acceder a la reparación del daño y tener asistencia integral, porque son agredidas en lo físico y psicológico.

“Todos estamos expuestos, unamos esfuerzos con el objeto de que esta tarea legislativa siga propiciando un marco jurídico que atienda y combata efectivamente el delito de trata de personas y se vea el diseño, para que nosotros veamos un diagnóstico adecuado, el tratamiento oportuno y extender la atención a personas con discapacidad”.

Enseguida, la diputada María Guadalupe García Almanza, del grupo parlamentario de Convergencia, confió en que esta reforma abra un nuevo camino que favorezca la denuncia de esas agresiones, facilitando la actuación judicial, así como los tratamientos médicos y sicológicos necesarios.

“Es sensible a las necesidades de las personas con discapacidad que son víctimas de abuso sexual, violencia o explotación de cualquier índole como resultado del delito de trata de personas”, enfatizó.

Agregó que en el dictamen se incluyen acciones que protegen de manera específica a las personas con discapacidad y constituye un adelanto para implementar el marco normativo y llevar a la práctica lo mandatado en los ordenamientos internacionales, signados por México.

Enseguida, la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRD, destacó la importancia de incluir a este sector de la población en dicho ordenamiento para ser considerado como uno de los grupos prioritarios en el cuidado y la atención.

Además, que en el proceso de impartición de justicia y atención en el tema de trata se tengan las adecuaciones necesarias, como intérpretes de señas, el sistema Braille, o implementos tecnológicos para que puedan acudir a las instituciones a pedir ayuda.

Indicó que con las personas con discapacidad se debe tener mayor cuidado y protección en este tema, por lo que deben incluirse en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, pues “este sector es vulnerable porque el Estado no crea las condiciones y el andamiaje para salvaguardar sus derechos y su integridad”.

Las reformas incluyen sanciones administrativas a los servidores públicos que participen en la trata de las personas con discapacidad, con independencia de la responsabilidad penal correspondiente.

Se reforma el inciso a) de la fracción III del artículo 6, la fracción II y el inciso b) de la fracción IX del artículo 12, la fracción I del artículo 16 y la fracción II del artículo 18; y se adicionan la fracción VIII al artículo 9 y el inciso h) a la fracción I del artículo 13 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Aprobado en lo general y en lo particular se envió al Senado para los efectos constitucionales.

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