El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Navarrete Prida, del grupo parlamentario del PRI, manifestó que este órgano legislativo es sensible a la situación que afronta el TSJDF, por lo que exhortó a su titular a iniciar una lucha común y coordinarse con la Comisión de Justicia, la cual emitirá en los próximos días una opinión de presupuesto.

En reunión de la comisión con el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJDF) y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF), éste solicitó mayores recursos para financiar servicios que corresponden al orden federal.

Navarrete Prida mencionó que es un hecho que habrá modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2012, aunque se desconoce de qué tamaño, en razón de que depende mucho de cómo se apruebe la Ley de Ingresos.

Constantemente, dijo, se transforman las perspectivas de crecimiento, los valores del barril de petróleo, la fluctuación y paridad peso-dólar, por lo que cambian los ingresos tributarios.

“Hasta que no tengamos la Ley de Ingresos vamos a entrar a un análisis más serio de las readecuaciones y orientaciones en materia de gasto”, agregó.

En este sentido, propuso una reunión conjunta con la Comisión de Justicia para revisar el caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o bien, con los demás presidentes de los tribunales de justicia del país para analizar la problemática en su conjunto.

Por su parte, el diputado Jesús Alberto Cano Vélez, del grupo parlamentario del PRI, reconoció el grave problema de la disparidad en la distribución de los recursos a las entidades federativas y en el caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Dijo que si se analiza bien, se trata de un asunto local y que corresponde al gobierno capitalino y a la Asamblea Legislativa atenderlo, ya que técnicamente no es federal.

Sin embargo, añadió, “sí tenemos un problema porque se ha venido legislando en materia penal sin reparar en que se han delegado responsabilidades a las entidades federativas y al Distrito Federal sin acompañarlas de recursos”.

La solución de fondo, aseguró, sería el fortalecimiento del federalismo y no los fondos compensatorios que sólo serían “parches”.

A su vez, el diputado Vidal LLerenas Morales, del grupo parlamentario del PRD, sostuvo que el Distrito Federal presta diversos servicios al gobierno central y a las entidades, que no son retribuidos y por tanto son pagados por los capitalinos.

Si un gran porcentaje de los juicios inician en el Distrito Federal, entonces se hace muy caro financiar un aparato de justicia que sirve no sólo a los habitantes de la Ciudad de México sino al resto del país, por lo que propuso la creación de fondos de financiamiento, como ocurre en otras ciudades del mundo.

Dijo que en el PEF 2012 hay una propuesta para crear un fondo de 3 mil millones de pesos que busca financiar este tipo de cuestiones, sin embargo, abundó, insuficiente.

En su exposición, el magistrado Edgar Elías Azar refirió que el Tribunal Superior de Justicia capitalino enfrenta una situación distinta al resto de los tribunales del país. Asimismo, solicitó un monto bianual de 368 millones de pesos para la creación de juzgados de atención a menores infractores.

Afirmó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) atiende cerca del 80 por ciento de asuntos que corresponden al orden federal como portación de arma de fuego, delitos contra la salud y otros vinculados con delincuencia organizada; asimismo, asuntos civiles y mercantiles que se originan en las entidades federativas y que debieran ser resueltos por ellas mismas; “sólo un 20 por ciento corresponde a problemas locales”.

Agregó que en los 32 tribunales de justicia del fuero común del país, se inicia un promedio de más de dos millones de juicios en primera y segunda instancia, de los cuales el Tribunal Superior atendió el 19 por ciento, seguido por el Estado de México, que tiene la carga judicial del 10 por ciento.

“La cantidad de juicios iniciados al año en el TSJ es comparable a la suma de los que se inician en los tribunales de Campeche, Baja California, Morelos, Tlaxcala, Colima, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Yucatán, Durango, Hidalgo, Aguascalientes y Oaxaca”, refirió.

Abundó que la situación presupuestal del Tribunal Superior de Justicia se ha mermado porque las reformas federales en materia penal no han sido respaldadas con los apoyos presupuestales correspondientes.

“Nos han mandado reformas federales, pero sin los apoyos presupuestales, dejando a las entidades federativas toda la carga que corresponde estrictamente al gobierno federal”, puntualizó.

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