El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, anunció que en quince días estará listo el dictamen que expide el Código Federal de Procedimientos Penales, el cual permitirá tener un sistema de justicia más ágil.

Al reunirse con analistas en materia penal, el legislador del grupo parlamentario del PRI dijo que la iniciativa permitirá avanzar hacia un nuevo sistema de justicia penal mexicano, con técnicas de investigación y atribuciones específicas para los policías, jueces y ministerios públicos.

“Permitirá encontrar el funcionamiento de un sistema mixto a un sistema oral acusatorio, donde las partes tengan mayor participación en el proceso, fundamentalmente las víctimas de los delitos, que se encuentran en estado de desigualdad”, apuntó.

Precisó que con el Código, los procedimientos penales se agotarán en una sola sesión, donde esté presente el juez para evitar deficiencias “como las que se mostraron en la película Presunto culpable, que reflejan una verdad lastimosa de la justicia en México”, agregó.

Benítez Treviño explicó que también permitirá tener mayor énfasis en el papel de una policía capacitada, donde la víctima y el ofendido pasarán a ser partes del proceso.

El diputado Luis Carlos Campos Villegas, del grupo parlamentario del PRI, expresó que la intención del proyecto es que las policías no caigan en la tentación de obtener una confesión mediante métodos violentos y en consecuencia antijurídicos. “Ésta debe ser obtenida voluntariamente, sin presión o coacción, y vertida ante el Ministerio Público con la presencia del defensor particular o de oficio”.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del grupo parlamentario del PRD, dijo que la propuesta de su fracción contiene un amplio catálogo de derechos para las víctimas de los delitos, respeto a los derechos humanos como eje rector en todas las etapas del proceso y certificación obligatoria para el personal de las instituciones de seguridad pública.

El diputado Eduardo Yáñez Montaño, del grupo parlamentario del PRI, expresó que pudiera ser preocupante que a una persona se le instruyera un proceso con meros datos de prueba y dejarla hasta la sentencia sin hacer un análisis profundo.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del grupo parlamentario del PAN, manifestó que con la propuesta se busca dar equilibrio tanto a la protección de los derechos de la víctima, como al imputado.

En su intervención, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, estableció que falta incorporar elementos que permitan un equilibrio entre el imputado y la víctima, por lo que pidió que se incluya la acusación privada en el tema de secuestro.

En su oportunidad, Ernesto Canales Santos, representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, precisó que sólo el 15 por ciento de las víctimas de un delito acuden a denunciar, lo cual significa que el 85 por ciento no confían en las autoridades penales.

Refirió que hay puntos que no permiten la implementación plena del nuevo sistema: el principio de inmediatez; la prisión preventiva; tener mayor flexibilidad en la etapa de investigación por parte del Ministerio Público y al juzgar la acción penal, así como la prueba anticipada.

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