El Pleno aprobó con 358 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones, reformas al Código de Justicia Militar para incluir el capítulo “Traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas” y sancionar con prisión de treinta a sesenta años al militar que se incorpore a la delincuencia organizada.

Asimismo, se establece castigar con pena de prisión de quince a sesenta años y baja al militar que utilice la fuerza, embarcación, aeronave, o cualquier otro bien o recurso humano que tenga bajo su cargo o mando a favor de cualquier miembro de la delincuencia organizada.

La misma pena se aplicará al militar que proporcione protección o facilidades en la plaza o puesto confiado a su cargo; adiestramiento, capacitación o conocimientos militares; induzca al personal que tenga bajo su mando o a las tropas a que presten algún servicio de la delincuencia organizada o reclute personal militar para el mismo fin.

También al que dé información; incumpla con sus obligaciones; obstaculice las acciones de las fuerzas armadas o autoridad competente; no ejecute una orden del servicio;
falsifique o altere un documento que contenga información relativa a las operaciones de las Fuerzas Armadas, para favorecer a la delincuencia organizada o asociación delictuosa.

Además, al militar que proporcione a sus superiores información diferente a la que conozca acerca de las actividades que esté desarrollando en las Fuerzas Armadas en contra de la delincuencia organizada u omita dar los datos que tenga sobre dichas actividades, así como de los proyectos o movimientos de éstos.

Al militar que ponga en libertad a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, o proteja o facilite su fuga, se le aplicará también la pena de prisión de quince a sesenta años.

La reforma adiciona el Capítulo IV Bis al Título Octavo del Libro Segundo de dicho Código, titulado “Traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas”.
El diputado Luis Carlos Campos Villegas, del grupo parlamentario del PRI, explicó que la reforma establece dos nuevos tipos penales para sancionar con penas severas a los militares que se ubiquen en los supuestos descritos, que ponen en riesgo el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas.

El primero, dijo, en el que la conducta punible desarrollada por el elemento militar se actualiza por el hecho de incorporarse a la delincuencia organizada; el segundo, sancionar a los elementos que, con el empleo de bienes y recursos puestos a su cargo, favorezcan a cualquier miembro de la delincuencia organizada.

Del grupo parlamentario del PAN, el diputado Sergio Gama Dufour dijo que el militar que actúa en contra de las misiones encomendadas quebranta un principio de lealtad que debe tener para con dichas instituciones.

Agregó que la reforma pretende inhibir la participación de los integrantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea Mexicana en la realización de actividades en materia de delincuencia organizada.

El diputado Bernardo Margarito Téllez Juárez, del grupo parlamentario del PAN, dijo que es importante y justo que aquellos que ponen en riesgo la paz y la armonía del país, sean castigados de forma ejemplar y entiendan que actuar en forma traicionera, a favor del crimen organizado, no puede ser cosa que se pase por alto.

En tanto, el diputado Francisco Armando Meza Castro, del grupo parlamentario del PRD, subrayó que tipificar las conductas delictivas creará condiciones jurídicas para inhibir o sancionar con mayor severidad la participación de los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en actividades de delincuencia organizada, así como fortalecer el principio vital de esas instituciones que es la disciplina militar.

Por su parte, el diputado Guillermo Cueva Sada, del grupo parlamentario del PVEM, indicó que las Fuerzas Armadas han emprendido acciones para combatir a la delincuencia organizada sin alcanzar los resultados que la sociedad demanda, por lo que es necesario proporcionar nuevos conceptos para enfrentar los cambios sociales, garantizar la disciplina y el desarrollo armónico de sus elementos y el cumplimiento de las misiones que se les encomiendan.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del PT, consideró que estas penas van a afectar, sobre todo, al soldado raso. “No afecta, no influye, no determina, no causa un daño a la alta jerarquía militar. Por ello estamos en contra del dictamen porque por la vía de las penas se pretenden resolver los problemas nacionales del país”.

En su turno, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del grupo parlamentario del PT, comentó que con las reformas se va a tomar como chivos expiatorios a soldados rasos y no a quienes verdaderamente están vinculados al crimen organizado.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del grupo parlamentario de Convergencia, recalcó que el militar que actúa en contra de las misiones encomendadas quebranta un principio de lealtad que debe tener con las instituciones.
Las reformas fueron enviadas al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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