La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para incluir en el rango de delito grave el robo de autotransporte federal, considerarlo como cometido por la delincuencia organizada y que a las autoridades federales corresponda su combate.

En el documento se establece una pena de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea exclusivamente las mercancías, y de 2 a 7 años si se trata únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.

Con las reformas a los Códigos Penal Federal y al Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aprobados por 358 votos a favor, 3 en contra y 0 abstención, se precisa que la tipificación es importante, dada la gran movilización en carreteras federales de mercancías de toda índole y con un gran valor.

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI), expresó que se trata de contrarrestar un ilícito que viene al alza en el país, como lo es el robo al autotransporte federal de carga, de pasajeros, turismo y el privado.

Indicó que se toca un tema alarmante, pues cada día hay más presencia de delincuencia organizada en la comisión de este ilícito. “No estamos creando un nuevo tipo delictivo -ya existe y se sanciona-, se plantea que sea considerado como delito grave y, en su caso, que se aplique la Ley Federal de Delincuencia Organizada”.

Refirió que en un año se han duplicado los ilícitos en esta materia tanto en robo de carga, autotransporte federal de pasajeros, de turismo y autotransporte privado, por lo que con las reformas se da respuesta a uno de los graves problemas que enfrenta el país y se enfrenta un delito que amenaza con ser el segundo, después del narcotráfico.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) manifestó su voto en contra “porque se violan competencias de los estados y se impide la reinserción social de los servidores públicos privándoles de su empleo, cargo o comisión federal por un tiempo igual al que fije la sentencia respectiva”.

Por el PAN, el diputado Camilo Ramírez Puente expresó que la reforma no sólo atiende el problema del secuestro de unidades, el robo, el ataque a la integridad de los conductores, sino que viene a constituir un problema económico muy fuerte que se vive al momento de que se limita el transporte de carga por las carreteras del país.

José Gerardo Fernández Noroña (PT), planteó su voto en contra, puesto que se quiere hacer del robo un delito del fuero federal. “Se sigue esta tendencia fascista, de incrementar las penas para plantear que de esta manera le van a dar seguridad a la gente, en una visión francamente de corta distancia sobre cómo enfrentar los problemas”.

El diputado Juan José Guerra Abud (PVEM) resaltó que los asaltos, sobre todo con violencia, al autotransporte tanto público como privado, se han incrementado. “El hecho de hacer de esto un delito federal, no es darle atribuciones innecesarias a la Policía Federal, sino es permitir que se cuente con los elementos suficientes para poder perseguir de manera integral estos atracos y de esta manera poder abatir la delincuencia”.

Sobre el mismo tema, el diputado Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), planteó desde el pasado 17 de marzo de 2011, reformas al artículo 381 del Código Penal Federal, para sancionar con cinco a diez años de prisión y multa de doscientos a quinientos días, a quien cometa robo contra vehículos de transporte público federal de carga de mercancías o de pasajeros y de sus usuarios.

Posteriormente, con 378 votos en pro, 2 en contra y 0 abstenciones se avaló la reserva impulsada por el diputado Camilo Ramírez Puente (PAN), al artículo segundo transitorio, para que el Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría General de la República, realice las adecuaciones reglamentarias para crear o adscribir las unidades para atención de los delitos previstos, con los recursos que cuente en su presupuesto aprobado.

Validado en lo general y particular se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Dictámenes con trámite de publicidad

La Mesa Directiva dio trámite a tres dictámenes de declaratoria de publicidad para su votación en la próxima sesión. Uno reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución Política para establecer la obligatoriedad de la educación media superior, e instituir que la educación que imparta el Estado deberá fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural.

Los otros dos dictámenes solicitan el permiso constitucional necesario para que diversos ciudadanos puedan prestar sus servicios a gobiernos extranjeros.

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