La Cámara de Diputados avaló reformas al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para calificar como delito grave el acaparamiento, ocultación o injustificada negativa de venta de artículos de consumo necesario, con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto.
En el documento se señala que el acaparamiento es un delito en contra de la riqueza y el consumo nacional, pero no se encuentra calificado como grave, no obstante que afecta a la sociedad en general.

La reforma aprobada con 314 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, plantea tipificar como delito grave: el acaparamiento, ocultación o injustificada negativa de venta de artículos de consumo nacional.

-Todo acto o procedimiento que evite o dificulte la libre concurrencia en la producción o el comercio y la limitación de la producción con el propósito de mantener las mercancías en un precio injusto.

-Todo acuerdo que hagan productores, industriales, comerciantes o transportistas para evitar la competencia entre sí y traiga como consecuencia que los consumidores paguen precios exagerados.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (PRD) señaló que la especulación y el acaparamiento injustificado de productos básicos, particularmente del maíz, es éticamente condenable por ocultar y alterar el precio de un bien de consumo.

Agregó que como los alimentos constituyen un tema de interés nacional, merece elevarse a delito grave toda conducta encaminada a encarecer sus precios.

En tanto, el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (PAN) indicó que la reforma busca proteger a la ciudadanía de las conductas que afecten gravemente el consumo nacional, respecto de los artículos de primera necesidad o relacionados con materias primas necesarias para su elaboración.

Con la reforma, añadió, se evitará que los probables responsables o indiciados durante el procedimiento penal obtengan su libertad provisional permitiendo con ello que no puedan sustraerse de la acción de la justicia dejando impunes este tipo de conductas.

Destacó que la reforma no conlleva únicamente implicaciones en el ámbito penal, sino que también contribuye a la protección del derecho a la alimentación considerado como un derecho fundamental de toda la humanidad.
Por su parte, la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (PRD) refirió que el país enfrenta serios problemas de alimentación derivados de las inclemencias del tiempo, el incremento a los precios de los combustibles y productos de la canasta básica, por tanto es necesario que el acaparamiento sea considerado como delito grave.

Por el PT, el diputado Jaime Cárdenas Gracia dijo que con la reforma se cumple con lo previsto el artículo 28 de la Constitución, el cual establece que habrá castigos severos a los que concentren o acaparen en unas pocas manos artículos de consumo necesario.

La reforma se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.