El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, diputado Cruz López Aguilar, afirmó que el Ejecutivo no se ha dado cuenta de la magnitud del problema de los productores mexicanos, pues “estamos inmersos en estas crisis y pareciera ser que el V Informe Presidencial, no lo ve de esa manera”.

Lo anterior, durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Javier Mayorga Castañeda, en el marco del análisis del V Informe de Gobierno.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Aguilar señaló “causa extrañeza que el Ejecutivo resalte los incrementos al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), cuando en todos los años su Proyecto de Presupuesto al Campo lo envía disminuido en programas que generan alimentos, empleos e ingresos y tiene que ser la Cámara de Diputados la que le enmiende la plana”.

Respecto al abastecimiento del mercado interno con alimentos de calidad, el país redujo su índice de seguridad alimentaria, pues en el período 2001-2003, fue del 93.6 por ciento, mientras que para 2011 fue de 92.8 por ciento.

Señaló que “el país no puede permitirse depender en cerca del 50 por ciento del exterior, para cubrir sus demandas básicas de alimentos”, pues aunque se exporta a más de 152 países, con un valor promedio anual de 16 mil 400 millones de dólares, el 80 por ciento de esas exportaciones se destina a Estados Unidos y la balanza comercial agroalimentaria de México observó un déficit de mil 500 millones de dólares.

A su vez, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, indicó que las circunstancias difíciles que atraviesa el sector agroalimentario, llaman a mejorar las políticas públicas, la administración de recursos e impulsar una nueva cultura de producción en beneficio del campo.

“No podemos permitir que políticas públicas se opongan a las políticas productivas; que se usen recursos públicos para atacar las capacidades productivas generando más miseria en el sector rural; o que se contrapongan a la modernización del sector”.

Propuso una coalición entre el Ejecutivo y el Legislativo para dar celeridad al gasto público, transparencia y corregir la transversalidad de las políticas públicas.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del grupo parlamentario del PAN, señaló que la solicitud de más recursos no significa una solución integral para el campo. Pidió centrar la discusión en el perfeccionamiento de los instrumentos de política pública para el desarrollo rural y que se asignen recursos al campo de manera responsable, dando certidumbre a sus actividades y considerando criterios de eficiencia y eficacia.

“No busquemos respuestas fáciles de corto plazo que consisten en la solicitud excesiva de recursos, medidas que resultan insostenibles en el largo plazo, pues no hay dinero que alcance cuando se utiliza de manera irresponsable”.

Agregó que el presupuesto del PEC no debe ser visto como un elemento para el cúmulo de recursos que año con año se deben incrementar, sino como un instrumento que permite acceder a la rendición de cuentas, a la oportunidad de evaluar la política rural base en los resultados de una gestión pública que organiza las demandas e instrumenta programas de manera racional.

Por el PRD, el diputado Federico Ovalle Vaquera, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, indicó que se deben rediseñar las políticas públicas orientadas al mercado interno, a satisfacer las necesidades de la población campesina y a mejorar el decreto que da sustento al PEC.

“Debemos quitarle interpretaciones, trabas que están establecidas ahí; y es momento para demandar que el Ejecutivo federal publique la reforma a la Constitución que establece el derecho constitucional a la alimentación”.

Planteó que el análisis de los objetivos del gobierno desde el principio de esta administración, pues “no es justificable querer endosarle los problemas de hoy al pasado no muy reciente, pero igual, en muchos casos, dañino para el desarrollo del campo mexicano”.

Dijo que los recursos para desarrollo rural significan un esfuerzo sin precedente al crecer en 61 por ciento en términos reales durante la presente administración, sin embargo, sus resultados apuntan en sentido contrario, pues incrementó la dependencia alimentaria; el Producto Interno Bruto agropecuario y pesquero decreció uno por ciento; se importa el 95 por ciento de soya, 80 por ciento de arroz, 56 por ciento de trigo, una tercera parte del maíz y del frijol, 40 por ciento de la carne de res y puerco “y ocupamos el nada honroso primer lugar mundial como importadores de leche en polvo”.

Enseguida, el diputado Liborio Vidal Aguilar, del grupo parlamentario del PVEM, reclamó la falta de sensibilidad de la propuesta presupuestal, que para 2012 plantea reducirle casi 34 mil millones de pesos al PEC.

Afirmó que la situación del campo es insostenible, con el aumento de la migración de los trabajadores rurales; la falta de financiamiento y competitividad del sector, así como la reducida inversión en tecnología e investigación.

Aseguró que las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, conscientes de la necesidad de que el campo mexicano sea un sector dinámico y promotor del desarrollo, asumirán la responsabilidad para dotarle de más y mejores recursos al campo”.

Por el grupo parlamentario de Convergencia, la diputada María Guadalupe García Almanza, indicó que se requiere una gran reforma agrícola de largo plazo con apoyos efectivos al sector rural, y manifestó la necesidad de que el Congreso y el gobierno federal asuman con absoluta responsabilidad un plan de rescate para el sector.

Añadió que México tiene ventajas competitivas que no se han sabido aprovechar y desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y la apertura comercial, el país ha sufrido serias regresiones en la materia.

“En 2020 seremos el segundo importador de granos en el mundo y el tercero de cárnicos; en los próximos 10 años nuestras importaciones de maíz crecerán a una tasa del 4.56 por ciento, mientras que nuestra producción lo hará en sólo 0.8 por ciento, de acuerdo con las proyecciones del Departamento de Agricultura del gobierno de Estados Unidos”.

Durante su comparecencia, Mayorga Castañeda señaló que el presupuesto ejercido en 2011 registra avance de 91.3 por ciento y el saldo disponible (cinco mil 730 millones de pesos) incluye dos mil 392 millones de pesos de presupuesto comprometido. En este corte se han ejercido 60 mil 121.3 millones de pesos, cuatro mil 306 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2010.

Explicó que entre los Componentes del Ramo 08 se desprenden apoyos a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, que lleva destinados ocho mil 078.5 millones de pesos (87.6%); al Ingreso Agropecuario, 15 mil 063.2 mdp (97.5%), y Prevención y Manejo de Riesgos, 20 mil 539.8 mdp (96.3%).

En Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, tres mil 023.1 mdp (76.8%); Sustentabilidad de los Recursos Naturales, cinco mil 920.1 mdp (91.2%), y en Educación e Investigación, tres mil 257.3 mdp (85.8%).

Posteriormente, el diputado López Aguilar se pronunció por hacer una coalición para presionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para integrar un fondo que permita hacer frente a la contingencia climatológica que traviesan los estados del sur-sureste.

“No podemos abandonar a los productores terriblemente afectados” y propuso acompañar al Sagarpa en la negociación para que se construya el fondo, el cual debe surgir de subejercicios, economías, y recursos de otros fondos, porque es en una situación muy especial.
Indicó que el ciclo primavera-verano en el sur-sureste del país terminará con muy poca producción, por el efecto del Huracán Jova y la depresión tropical que afecta a la región sureste.

“Es indispensable que demos la cara a la contingencia en este momento, y en el 2012 vamos a ir juntos por una vertiente preventiva importante”, enfatizó.

En respuesta, el secretario Mayorga Castañeda señaló que se debe trabajar en un grupo de las comisiones unidas con las dependencias alineadas en la atención de la sequía (Semarnat, Conagua, Sedesol, Hacienda y Sagarpa) para incorporar a los diputados y las propuestas fluyan más ágilmente y se reconfigure la normatividad que hoy impide una respuesta más rápida.

Señaló que los pronósticos para el último trimestre del años son preocupantes porque se prevé menos precipitación y más heladas. “Tenemos que atender lo que ya se ha dañado y tomar decisiones en un entorno complejo para que no se siga colapsando o afectando la producción agrícola y ganadera del país”.

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