El diputado Salvador Caro Cabrera (PRI), integrante de la Comisión de Seguridad Pública, manifestó su preocupación por el elevado número de integrantes que desertan de la Policía Federal, “lo que nos lleva a pensar que en 19 años nos quedaríamos sin policías”, durante la comparecencia del secretario Genaro García Luna.

En esta reunión, con motivo de la glosa del V Informe de Gobierno, el presidente de la Comisión, diputado José Luis Ovando Patrón (PAN), concedió un minuto de silencio por los más de 50 mil muertos, principalmente niños, niñas y ciudadanos inocentes, a causa de la guerra en contra del crimen organizado, a petición de Leticia Quezada Contreras (PRD).

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) recalcó que no está clara la meta en la estrategia contra las organizaciones criminales, “no hemos percibido hasta el momento los objetivos realistas y estamos de acuerdo en combatir las organizaciones criminales y castigarlas, pero no identificamos una respuesta duradera y progresiva que solucione la difícil situación de impunidad y de violencia que vive el país”.

Alejandro Guevara Cobos (PRI) preguntó si se tiene en este momento el número de estados que están apoyando para generar los exámenes necesarios de las policías municipales y de los secretarios miembros de los gabinetes de seguridad.

Por el grupo parlamentario del PAN, el diputado Sergio González Hernández consideró que la situación de inseguridad no es solamente resultado de una estrategia de combate al crimen organizado, “sino de la responsabilidad que algunos gobernadores olvidan y prefieren endosar a la federación”.

Resaltó que casi 79 por ciento de los delitos en el país son del fuero común, es decir, tienen que ser perseguidos e investigados por las autoridades locales.

Gustavo Ortega Joaquín (PAN) puntualizó que la responsabilidad en el combate a la delincuencia no depende de un solo poder del Estado, ni de un orden de gobierno, y cuestionó que si se hacen pruebas de confianza a los policías, por qué no se hacen también a los jueces.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) consideró que las estrategias en materia de prevención del delito y las políticas sociales son insuficientes para restaurar el tejido social y no contribuyen a eliminar de origen las causas que generan la delincuencia. “No se va a derrotar sólo con más balas, hay que atacar el problema desde sus orígenes e impedir que los jóvenes sean atraídos por el narco”.

Lo que se requiere, dijo, es atacar las finanzas de los narcotraficantes y que la ley prevalezca por encima de corruptelas. Es importante, añadió, que dejen a las Fuerzas Armadas dedicarse a lo que les corresponde y que la Policía Federal sea ejemplo de profesionalismo, integridad, honestidad y lealtad.

Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) expresó que García Luna pasará a la historia como el secretario de Seguridad Pública con los mayores recursos pero con los resultados más pírricos en su ejercicio. “Los recursos se le han triplicado hasta en cinco veces desde que comenzó el sexenio y los índices delictivos continúan creciendo y los resultados son malos”.

En su turno, la diputada Adriana Sarur Torre (PVEM) dijo que las acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública no han sido suficientes para revertir la incidencia de delitos. “Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones; hay un avance mínimo en la modernización de ministerios públicos; y estados y municipios no tienen recursos para desarrollo inteligente policial”.

Víctor Hugo Cirigo Vásquez (PVEM) se manifestó por conocer el papel que tiene la sociedad civil en el escrutinio de las autoridades de seguridad pública y el marco legal por el que operan en el país agentes de la DEA encubiertos como narcotraficantes.

Del grupo parlamentario del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña señaló que las quejas por violaciones a derechos humanos se han incrementado en 180 por ciento en el caso de la Policía Federal. Hay un incremento en las entidades federativas del 215 por ciento de privaciones ilegales de la libertad; se incrementó 243.8 por ciento los homicidios dolosos y 351.3 por ciento los robos, dijo.

Recalcó que no se está haciendo nada en materia de prevención y señaló que solamente 2.2 por ciento del presupuesto está dedicado a la prevención del delito.

La diputada Teresa Ochoa Mejía (Convergencia) resaltó que existe un latente reflejo de fracaso, “de una corrupción abrumadora, de inseguridad e injusticia que el Estado insiste en preservar con la mayor impunidad”.

Mencionó que se han invertido miles de millones de pesos en estructuras como Plataforma México, la cual no puede detectar a los delincuentes, secuestradores, extorsionadores que a diario acechan a la población. “Ya se comprobó jurídica y científicamente que no es confiable ni eficaz para las detenciones, además, a partir del uso de detectores se triplicaron las quejas de cateos ilegales a casas”.

Después de rendir protesta de decir verdad, el secretario Genaro García Luna, reconoció que existe un déficit salarial importante en las policías municipales “en donde hay realmente un esquema alto de corrupción”.

Mencionó que el esquema actual es inviable, por lo que hizo votos para que se legisle a efecto de crear un mando único de policía estatal, cuyo fin sea alinear facultades legales, equipamiento, tecnología, presupuesto, fortalecer a los estados y entidades, en virtud de que ahí atiende la masa delictiva que hoy tiene el país, que rebasa el 90 por ciento.

Detalló que la secretaría ha recibido 31 recomendaciones de la CNDH, todas ellas atendidas y que impactan en el sistema penitenciario, el policial y en la gestión de la dependencia federal.

Respecto a la DEA, expresó que no está autorizada ni tiene ninguna facultad para hacer alguna operación en el país, sino al contrario se ha estado al tanto de ello, y lo que se hace es un intercambio de información, por lo que rechazó que haya alguna acción u operativo de parte de ellos en el combate al crimen.

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