• Sólo se reacciona ante las contingencias, advierte el diputado del PRI

• Debemos crear una vertiente preventiva

La Comisión de Agricultura y Ganadería busca construir en el Programa de Administración de Riesgos, dentro del PEC, una vertiente preventiva que combata la sequía que enfrentan diversos estados del país, pues actualmente sólo se reacciona ante las contingencias, aseguró el diputado Cruz López Aguilar (PRI), presidente de esa instancia legislativa.

Al recibir al gobernador de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, añadió que el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación 2012 afecta la administración de riesgos, al reducir de 12 mil a seis mil millones de pesos los recursos de apoyo a la comercialización, como la agricultura y la ganadería por contrato.

Añadió que se debe proteger, cuidar y mejorar la disminución de los riesgos, pues se ha afectado tanto al campo que se reducirá la superficie de siembra de maíz blanco en 300 mil hectáreas, sólo entre Sinaloa y Sonora, en la temporada de otoño-invierno, lo cual representa al menos 2.0 millones de toneladas.

Explicó que las afectaciones presupuestales podrían atenderse con la reasignación de recursos, como los de seguridad pública. “Sabemos que tiene incrementos importantes la inseguridad pública y requiere de un combate. Pero tener trabajo, producción sobre todo con los siniestros presentados, desarrollo de capacidades, ayuda a corregir las causas de la violencia, mientras el ataque de la violencia con violencia atiende los efectos.
Afirmó que existe unidad al interior de la Comisión que preside en torno al campo, así como de otros grupos de trabajo y las fracciones parlamentarias.

Manifestó que la situación es complicada porque los recursos para 2011 fueron de 294 mil 500 millones de pesos, mientras que para 2021 se proponen 260 mil millones, es decir 34 mil 500 millones menos.

Durante la reunión, realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Aguilar informó que se eliminó un recurso muy importante de carreteras y caminos rurales y se disminuyó de 16 mil a 6 mil millones de pesos. “No tiene lógica; no tiene, definitivamente, ni pies ni cabeza”.

En la parte financiera, dijo, hay una afectación de 50 por ciento en las condiciones para acceder al financiamiento, “ante la insuficiencia de recursos para poyar al campo este instrumento es fundamental y lo mutilan”.

Aunado al ajuste presupuestal, en la propuesta de Ley de Ingresos se determinó alto el precio del barril de petróleo “y eso nos limita para construir una bolsa de recursos a distribuir del PEF”, aunque un ajuste en el déficit público y al gasto corriente arrojarían recursos adicionales por 90 mil millones de pesos.

En este sentido, dijo que el sector requerirá 60 mil millones de pesos “para corregir los programas afectados del ramo y quedan 30 mil para todos los demás, el enfrentamiento va a ser de pronóstico reservado, este ajuste en el proyecto deja sospechas sobre su propósito

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur dijo que su entidad requerirá recursos por 103 millones de pesos para atender las necesidades de agricultura.

Propuso desarrollar un proyecto estratégico de desarrollo sustentable que incluya los oasis sudcalifornianos para potenciar la productividad de esas áreas y elaborar un programa especial concurrente desde lo local que permita conocer las actividades en las que tiene vocación.

Por ello, solicitó que se incluya en el PESA al estado de Baja California Sur para atender las zonas calificadas como de alta marginación, pues existen microrregiones retiradas de los centros urbanos que tienen caminos en pésimas condiciones, difíciles de atender por parte de los ayuntamientos y el gobierno del estado.

“Si contáramos con el PESA y logramos el respaldo de su comisión para que la carpeta de oasis quede establecida a nivel nacional y para generar ese programa especial concurrente, a Baja California Sur le va a ir bien”.

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