• Se derogan 140 derechos

• Busca llegar a la simplificación fiscal

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular reformas a la Ley Federal de Derechos, cuyo propósito es la derogación de 140 cuotas para alcanzar un esquema de simplificación fiscal.

Con 301 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones se avaló eliminar 140 cuotas de derechos en materia de cinematografía, certificación en actos de comercio, autotransporte federal, navegación en el espacio aéreo mexicano y aviación civil, navegación marítima, monumentos históricos y artísticos, derechos de autor, televisión educativa, reforma agraria, medio ambiente y servicios registrales.

Además, se refuerza la vigilancia, a través de las dependencias de la Administración Pública Federal, del correcto pago de los derechos, entre ellos los de servicios migratorios, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, derechos de autor, reforma agraria, medio ambiente y recursos naturales, salud, agua y diversas disposiciones transitorias.

En el documento se destaca la implementación de un esquema de simplificación fiscal, ya que se identificaron casos en los que resulta innecesario el cobro de derechos para la obtención de algún servicio que presta el Estado, así como por el otorgamiento del uso, aprovechamiento o explotación de algunos bienes del dominio público de la Federación.

Se resalta la importancia de continuar y reforzar la política de simplificación y modernización de la regulación, la gestión y los procesos de la Administración Pública Federal, a efecto de reducir la carga fiscal y administrativa que enfrentan los particulares al solicitar los servicios públicos a las distintas dependencias.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (PAN), dijo que la reforma va en concordancia con el régimen de simplificación administrativa que inició el año pasado, cuando se derogaron 138 derechos con un impacto presupuestal cercano a los 60 millones.

Este año, subrayó, se derogan 140 derechos con un impacto presupuestario de 51 millones de pesos. “Considero que es un dictamen que debe ser aprobado en virtud que refleja una mejora en la regulación en esa materia”.

El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) se manifestó en contra, porque la Secretaría de Hacienda no puede explicar en dónde se encuentran los derechos que se pagan por peaje en las carreteras de Caminos y Puentes Federales (Cafupe).

Por el PRD, el diputado José Narro Céspedes indicó que el dictamen no toca la venta en los derechos o bienes nacionales, como la minería o los recursos naturales que tiene el país. “No podemos seguir avalando una política de saqueo o de robo de las riquezas naturales”.

A su vez, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) detalló que el dictamen carece de orientación social. “Se trata de una exención del pago de derechos por distintos bienes o servicios del Estado a favor de las grandes empresas. No se trata de una regulación”.

Del PRD, Emilio Serrano Jiménez dijo que con estas acciones se perjudica al pueblo de México y que se debe poner atención a la situación que viven las autopistas, ya que son peligrosas y caras.

El dictamen se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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