• El PEF 2012 debe incluir recursos suficientes para este fin: diputada Rosi Orozco

• Creció el arribo de “turistas sexuales” a Cancún, Acapulco, Tijuana y Juárez

La presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, diputada Rosi Orozco (PAN), dijo que es urgente que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, los estados contemplen recursos para la prevención, combate y erradicación de este delito, ya que continúa creciendo la explotación y el turismo sexual.

Agregó que se requiere capacitar a los funcionarios, implementar acciones concretas y desarrollar la infraestructura sólida que les permita enfrentar dicha problemática con elementos científicos y tecnológicos.

Mencionó que ante la falta de infraestructura estatal para la vigilancia, control y operación de sistemas de inteligencia en el combate de la trata de personas, es indispensable destinar los recursos suficientes.

Rosi Orozco refirió que en Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez, aumentó el arribo de turistas sexuales procedentes de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Hasta hace un año la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina tenía registrados un millón doscientas mil personas víctimas de trata.

La misma Coalición menciona que México se ubica en el quinto lugar de América Latina entre los países donde más gente es víctima de explotación, después de República Dominicana, Haití, Brasil y Argentina. Se calcula que de cada diez víctimas dos son menores de edad.

Puntualizó que la trata de personas lesiona la dignidad de la persona y tiene diversas manifestaciones, la mayoría se fijan en la explotación laboral y sexual de menores y mujeres jóvenes de quince a veinte años de edad.

La diputada del PAN refirió que diversos estudios y diagnósticos nacionales e internacionales establecen que la trata de personas es una millonaria fuente de ingresos, por lo que el fenómeno crece hasta convertirse en el tercer delito más redituable.

Además, dijo, la ignorancia, indiferencia o complicidad que exhiben muchas autoridades gubernamentales, “demuestran la poca importancia que le dan a los diagnósticos, estudios, recomendaciones e infraestructura en las entidades para combatir a los tratantes y atender a las víctimas”.

Por ello, enfatizó la importancia de destinar recursos suficientes para tratar conductas antisociales y delictivas en los estados y elaborar políticas que permitan prevenir, combatir y erradicar estos delitos.

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