• La alerta de género se ha politizado

Los feminicidios registran un aumento acelerado de 60 por ciento a nivel nacional de 2007 a la fecha, por lo que se citará a comparecer a 20 procuradores del país en enero y febrero del 2012.

Así lo informó en entrevista la presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, diputada Teresa Incháustegui Romero (PRD).

Precisó que algunos estados presentan incrementos entre 70 y 78 por ciento de feminicidios y mencionó que desde 2000 habían permanecido estables y hacia la baja.

Agregó que los más altos índices de feminicidios ocurren en Chihuahua, Baja California, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero y Veracruz.

Refirió que en seis municipios de Veracruz se concentra 60 por ciento de las desapariciones de mujeres y feminicidios, entre ellos, Martínez de la Torre, Jalapa, Boca del Río, Coatzacoalcos y Veracruz.

Destacó que en La Ley General de Acceso para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establecieron “alertas de género” y feminicidios.
El mecanismo no ha funcionado porque se ha “politizado”, en lugar de ser una herramienta técnica para poner luz amarilla o luz naranja, dependiendo de la gravedad del caso, y que realmente sea un indicador de incrementos o disminuciones de la violencia de género.

De esta manera los estados tendrían oportunidad de prevenir en lugar de pretender que “después del niño ahogado quieran tapar el pozo”, expresó.

Hizo notar que la alerta de género la han pretendido hacer funcionar diciendo: “que en determinadas entidades como el Estado de México, Michoacán, D.F. hay muchos feminicidios y quieren declarar la alerta de género y las autoridades estatales no quieren porque ello significa ponerles un tache”.

Así cualquier gobierno va a repeler que le pongan una alerta de ese tipo, que es una encomienda del Sistema Nacional para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra la Mujer de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó.

Ante ello, la diputada propuso que en lugar de que sea un grito que se dé en un estado, sea en todas las entidades federativas, que estén vigiladas mediante ciertos indicadores y cuando suban o bajen, los gobiernos tengan oportunidad de redoblar la vigilancia y emprender medidas preventivas.

Por otra parte, la diputada adelantó que firmarán un Convenio Marco entre la Cámara de Diputados y la ONU, el próximo 11 de noviembre.

Explicó que en este contexto, se incluye a varias agencias de la ONU, como el Programa de Población y Desarrollo (PNUD), la ONU Mujeres (que tiene que ver con derechos femeninos) y la UNICEF.

Explicó que el convenio forma parte de la reforma al artículo primero constitucional, mediante la que se hacen compatibles la legislación mexicana con los Tratados Internacionales.

Este trabajo interagencial abrirá la puerta para que cualquier Centro de Investigación o la propia Cámara de Diputados pueda desarrollar trabajos para incorporar los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños, apuntó.

La diputada interrogó “¿Cuánto tiempo tienen establecidas en México las agencias de Naciones Unidas y hasta el momento, la Cámara de Diputados no tenía ningún convenio de buena fe como lo son los Convenios Marco?”.

Dio a conocer que el 23 de noviembre se presentará en la Cámara de Diputados el Reporte Nacional sobre Feminicidios que abarca de 1985 a 2009 que dará cuenta de estadísticas de mortalidad y resumen por entidad.

Expuso que también está por concluirse el reporte de cada uno de las 32 entidades federativas que se publicará el próximo año.

Incháutegui Romero y la diputada Sofía Castro Ríos (PRI) dijeron que están pendientes 14 proyectos anuales aprobados, y denunció que el Comité de Administración y la Cámara de Diputados no han liberado los 8.5 millones de pesos para su ejecución, no obstante que ya es principios de noviembre.

En otro tema, puntualizó que se revisará el funcionamiento del Banco Nacional de Información sobre casos de Violencia (Banavin), que no obstante que autoridades del Ejecutivo han recibido recursos aprobados por la Cámara de Diputados desde 2009, no ha tenido ningún avance.

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