•Primordial garantizar protección de periodistas: Diputada Yolanda Valencia

•En el interior de la república hay los mayores riesgos: Diputado Clouthier

La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Yolanda Valencia Vales (PAN) afirmó que es primordial garantizar la prevención y la protección de la labor periodística en el país, ante los índices de violencia que se han presentado contra este sector.

Durante una reunión con el coordinador de protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, Rogelio Hernández López, señaló que los legisladores buscarán que para el próximo ejercicio fiscal se destinen 12 millones de pesos que requiere esta asociación para seguir apoyando a los comunicadores en situación de riesgo o vulnerabilidad.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (PAN) señaló que el mayor riesgo para los periodistas son los gobiernos de los estados, “ya que es ahí donde se hace sentir el rigor de manera permanente”.

Existen dos Méxicos: el del Distrito Federal y el de los estados, “son dos realidades radicalmente distintas; el D.F actualmente es el más seguro del país”.

Por su parte, el diputado Agustín Guerrero Castillo (PRD) dijo que los casos más graves de agresiones contra periodistas se dan en el interior de la República, por lo que actualmente el Distrito Federal es el menos riesgoso para la población.

“Si bien parte de las agresiones a los trabajadores de los medios de comunicación vienen de la escalada del crimen, no han dejado de ser una variable dominante las agresiones por parte de las instituciones de los gobiernos estatales o municipales”, enfatizó.

En este sentido, dijo que los legisladores buscarán aprobar un proyecto de dictamen para federalizar las agresiones contra periodistas.

Asimismo impulsarán acciones para elevar el nivel de protección en la seguridad de las personas y del patrimonio de los trabajadores de los medios de comunicación.

A su vez, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) subrayó que para que las necesidades presupuestales de la citada asociación sean tomadas en cuenta por la Cámara, es necesario que se presente un desglose por capítulo o concepto de gasto y presentarlo en la Comisión de Presupuesto.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN) se pronunció por evitar las situaciones que ponen en peligro la vida de los periodistas o el ejercicio libre de la libertad de expresión. “Sería importante que se pueda difundir esta labor en el resto de las entidades”, dijó.

El coordinador de Protección de la casa de los Derechos de Periodistas, Rogelio Hernández López, refirió que el asesinato a personas vinculadas al ejercicio del periodismo se aceleró desde el año 2000, pero el peor ciclo es de 2006 a 2011, con una cifra de entre 53 y 56 asesinatos.

Agregó que en este periodo se registraron de 10 a 13 desapariciones, de 22 a 26 atentados a medios de comunicación, “una irrupción en la línea editorial, agravios irrefrenables y una impunidad casi total”.

Subrayó que el 2009 es el año con el mayor número de agravios a periodistas con 244, y “es a partir de esa fecha que comenzó a bajar el registro de agraviados porque decenas de ellos se resisten a denunciar”.

Mencionó que la violencia atribuible a la delincuencia organizada propició que otros actores aprovecharan el clima y la impunidad para agredir a periodistas y medios.

Resaltó la necesidad presupuestal para una operación eficiente de la Casa es de 12 millones de pesos, para la remodelación y equipamiento de las instalaciones, operación de áreas estratégicas, partiendo de que 4 millones serían para la remodelación.

Añadió que hasta el mes de octubre habían pasado 32 periodistas por la asociación buscando protección, asilo o refugio para resguardarse de los riesgos y amenazas que tienen en sus estados, los cuales no necesariamente son donde se concentran los mayores índices de inseguridad.

Refirió que los casos más preocupantes de violencia contra periodistas provienen del interior de la República y en los últimos siete meses la casa ha atendido 39 intervenciones protectoras y 27 casos, de los cuales solamente 5 son de altísimo riesgo y los agresores, en su mayor parte, provienen de las fuerzas de seguridad y del servicio público.

Puntualizó que de los cinco casos más graves uno procede de Veracruz, donde se presume está el gobierno del estado involucrado, pero también la delincuencia organizada; otro en Michoacán con un asunto de política; Quintana Roo, con nueve periodistas donde el acoso directo es de representantes del gobierno del estado y San Luis Potosí.

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