La Comisión de Seguridad Pública aprobó un dictamen de la minuta por el que se expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desparecidas, la cual tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica.

La Ley tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para ser utilizada por todas las autoridades, tanto federales y estatales, para la investigación de diversos ilícitos.

La información recabada también será de aquellas personas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación y de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objetivo de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia.

Los datos que se manejen en el registro de esta base serán públicos para garantizar el derecho de acceso a la información.

La comisión también aprobó un dictamen para que las familias de los integrantes de las instituciones policiales tengan derecho a recibir las prestaciones sociales correspondientes al grado inmediatamente superior al momento del fallecimiento en los casos que un policía pierda la vida en cumplimiento de sus funciones.

El documento establece que el integrante de las instituciones policiales que pierda la vida, debe considerarse como un acto excepcionalmente meritorio, en condiciones de heroísmo, sobresaliente capacidad profesional o entrega total al servicio a la patria o a la institución perteneciente.

La secretaría respectiva remitirá al Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe anual que contenga las consideraciones y valoraciones para el otorgamiento de las promociones otorgadas.

La reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, propone que los beneficiarios de los policías ascendidos tendrán derecho a las prestaciones sociales correspondientes al grado inmediato superior concedido, independientemente de los años de servicio y años en el grado que haya cumplido.

“Con la presente propuesta se pretende avanzar en las demandas de la sociedad para contar con policías honestos, capacitados y que rindan cuentas a la comunidad. Esto es, al momento de adoptar medidas de seguridad social, como la promoción post mortem, para que se adquiera mayor compromiso del policía con la institución y con los ciudadanos”, refiere el documento.

Asimismo fue avalado por la comisión un dictamen que busca establecer mecanismos que obliguen a los concesionarios de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades y el Ministerio Público para localizar en tiempo real los equipos celulares que estén utilizándose para la comisión de algún ilícito.

Obliga a las entidades federativas y a los centros penitenciarios federales a contar con un mecanismo de bloqueo de señal y establece una autoridad diferente a la penitenciaria la encargada de manejar los aparatos de bloqueo de celulares.

También se aprobó un dictamen que busca reformar los artículos 56 y 57 de la Ley de Seguridad Nacional, a fin de que se amplíe el número de integrantes que conforman la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, de 6 a 10 legisladores, 5 diputados y 5 senadores y que sesione por lo menos 3 veces al año.

Las facultades son conocer las políticas generales para la seguridad nacional, el proyecto de programa para la seguridad nacional y emitir la opinión al respecto, los programas de cooperación internacional que pretenda suscribir el Ejecutivo, convocar a cualquiera de los titulares de las dependencias.

En la reunión, el diputado José Luis Ovando Patrón, presidente de la Comisión, señaló que ante la situación de sobrepoblación que viven los centros penitenciarios, son necesarios cinco mil millones de pesos adicionales a lo que estableció el Ejecutivo para infraestructura penitenciaria estatal.

La realidad que se vive en los centros penitenciarios, que arroja una sobrepoblación a nivel nacional de más del 30 por ciento de su capacidad, hace que ésa sea una de las principales presiones de gasto que ha recibido la Comisión, aseveró.

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