La Comisión de Justicia, que preside el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, aprobó en lo general el pre-dictamen por el cual se previene e identifican operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

El documento avalado por 15 votos a favor y tres en contra, expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que tiene el propósito de combatir este delito.

El predictamen será votado en lo particular por los integrantes de la Comisión el próximo martes; posteriormente será sometido a consideración en comisiones unidas de Justicia y la de Hacienda y Crédito Público, el miércoles 23 de noviembre.

El presidente de la Comisión, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del grupo parlamentario del PRI, dijo que esta ley dará certeza al combate del lavado de dinero, con lo cual se espera haya resultados más eficaces en contra de quienes cometen este delito.

Indicó que el objetivo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita es proteger el sistema financiero y la economía nacional.

La ley establece cárcel hasta de 10 años y dos mil días multa al usuario de servicios financieros o al servidor público que indebidamente omita o utilice información, datos, documentación o imágenes a las que tenga acceso, para encubrir ilegalidades.

Entre sus objetivos destaca recabar datos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como las estructuras financieras de las organizaciones delictivas.

También prohíbe el uso de monedas, billetes, divisas o metales preciosos para la adquisición o transmisión de bienes inmuebles por cantidades superiores a 16 mil 716 veces el salario mínimo.

De igual manera, castiga la transmisión de propiedad de vehículos nuevos o usados por valor igual o superior a 3 mil 343 veces el salario mínimo.

Asimismo, en el caso de usar documentación falsa para la acreditación de un acto comercial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se sancionará con penas de dos a ocho años de prisión y de quinientos a dos mil días de multa.

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