• Ningún servidor público podrá recibir salario mayor al del Presidente de la República

• Se plantea tipificar el delito de remuneración ilícita

La Cámara de Diputados iniciará el análisis de la minuta enviada por el Senado, que establece que ningún servidor público podrá recibir un salario o retribución mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión.

El documento, remitido en la Sesión de hoy a las comisiones de la Función Pública con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública para su dictamen, expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política.

La norma busca regular las percepciones de los funcionarios públicos de los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como todos los de los entes públicos, incluidos aquellos dotados de autonomía Constitucional.

Asimismo, se establece que las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, por lo que no podrán clasificarse como información reservada o confidencial, y deben especificar la totalidad de los elementos fijos y variables que las integran, tanto en efectivo como en especie.

La minuta también considera un capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo del Código Penal Federal, a fin de tipificar el delito de remuneración ilícita, que contempla sanciones que van de los tres meses a los catorce de años de prisión y multa de treinta a tres mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

De igual modo, la Mesa Directiva mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la minuta que establece las características de una moneda conmemorativa del CL Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862.

Comunicaciones

Asimismo, de la Cámara de Senadores se recibió un acuerdo aprobado y 13 proposiciones, relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Fueron enviados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público una iniciativa del senador Adolfo Toledo Infanzón (PRI), que adiciona una fracción IX al Artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de establecer que las personas físicas podrán hacer deducible los gastos por concepto del servicio de monitoreo de alarma en sus domicilios, contribuyendo el Estado a la seguridad de miles de hogares en todo el país.

Del Banco de México se recibió el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de julio a septiembre de 2011. Se mandó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría de Gobernación dio respuesta a dos puntos de acuerdo, relativos a la emisión de declaratoria de emergencia por las lluvias severas y deslaves en Oaxaca; y para implementar políticas públicas para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación en nuestro país.

También, los gobiernos de Colima, Guanajuato, Morelos y Tabasco respondieron a una proposición referente a la capacitación de los servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género.

A las Comisiones de Educación Pública, de Juventud y Deporte, y la de Atención a Grupos Vulnerables se mandó una iniciativa del Congreso de Chihuahua, que reforma las leyes generales de Educación, de Cultura Física y Deporte; y para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de destinar los recursos suficientes para garantizar el acceso a la educación física y la práctica del deporte a los alumnos de todos los niveles, incluyendo aquellos que tengan alguna discapacidad.

Del Congreso de Yucatán, se recibió una iniciativa que adiciona un séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política, para que se fije como mínimo el 2 por ciento de los presupuestos de las entidades a los poderes judiciales estatales para fortalecer la independencia de dichos poderes. Fue canalizada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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