• La iniciativa propone expedir la Ley General de Atención a Víctimas

A efecto de resarcir los daños sufridos por las personas afectadas en las acciones que el Estado ha emprendido en el combate al narcotráfico, la diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI), presentó una iniciativa por la que se expide la Ley General de Atención a Víctimas.

La propuesta busca regular las acciones que el gobierno federal habrá de adoptar mediante indemnización, reparación y restitución.

La diputada de la Torre Valdez refirió que las consecuencias del combate al narcotráfico han arrojado cerca de 50 mil muertos, 500 mil niños que han quedado en la orfandad de padre, madre o de ambos y aproximadamente 55 mil menores que murieron a consecuencia de este combate al crimen organizado.

Dicha iniciativa de ley prevé la creación, con carácter temporal, de un Consejo Nacional de Protección a las Víctimas, con el objetivo de allegarse de todos los elementos necesarios a fin de determinar el daño ocasionado a las personas.

Propone que el Consejo esté integrado por los titulares de las dependencias del Ejecutivo relacionadas con el tema; tres gobernadores, designados por senadores, así como por integrantes de la Cámara de Diputados como de la de Senadores y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La finalidad es que los tres Poderes de la Unión concurran, en el ámbito de sus respectivas competencias, de manera coordinada y sistemática en la atención de las víctimas que ha provocado el combate al narcotráfico.

Dijo que México padece serios problemas de inseguridad y violencia que afectan la vida de la población en todo el territorio nacional, sin distingos de grupos, clases, ni regiones.

Como función primaria, el Consejo elaboraría un Listado Nacional de Víctimas del Combate al Narcotráfico, a efecto de disponer de un panorama certero del número de quienes han sido víctimas de la violencia. El Listado deberá incluir la información generada a partir del 1 de diciembre de 2006.

La reforma también busca la creación de un Comité Fiscalizador, que se encargará de vigilar el cumplimiento de los objetivos del Consejo Nacional de Protección a las Víctimas, así como del manejo que haga de los recursos que le sean asignados.

La reparación se contemplaría como la compensación, en especie o en numerario, que el Estado deba entregar a las víctimas, a sus deudos o a sus herederos.
Esta reparación del daño puede consistir en atención médica, psicológica o ambas, que se prestará a través de las instituciones públicas de salud; también puede otorgarse a través de los sistemas educativo, laboral, de vivienda, según corresponda.

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