• Compareció la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, como parte de la Glosa del V Informe
• Se han asegurado 129 mil armas de fuego; 550 mdp y 900 mdd del crimen organizado, informó.
• Está en proceso de depuración la dependencia

En el marco del análisis del V Informe de Gobierno, diputados de las comisiones unidas de Justicia, Seguridad Pública y de la Función Pública, cuestionaron a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, sobre el tema del tráfico ilegal de armas, el lavado de dinero, la guerra contra el narcotráfico y la corrupción en el Ministerio Público Federal.

El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, consideró que existe un reclamo generalizado por la falta de seguridad pública, la carencia de una justicia eficaz, pronta y expedita y el incremento “alarmante” de la impunidad, que genera más delincuencia.

El orden jurídico de este país, abundó, está resquebrajado por la realidad. “Tenemos que volver a plantear el círculo armónico de la justicia para que se inicie con una verdadera prevención del delito, con el fomento a los valores en la familia. Una procuración de justicia confiable, enérgica y eficaz”, señaló.

El legislador priista preguntó qué necesita la PGR del Congreso de la Unión para que México tenga una mejor procuración de justicia. “Para modernizar las leyes que se refieren al ámbito de su función, y qué planes o proyectos propone para modernizar a la institución”, añadió.

Los diputados, concluyó, “estamos del lado de quienes tienen un compromiso con México, no del lado de la delincuencia organizada. Estamos en contra del narcotráfico, de la injusticia y de la impunidad”.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) puntualizó que las dependencias encargadas de la seguridad pública y de procuración de justicia tienen un bajo índice de efectividad, derivado de la falta de coordinación entre ellas.

En este sentido, destacó que del 1 de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 existen 18 mil 41 órdenes de aprehensión rezagadas en la PGR, y sólo cuatro de cada diez detenidos por el delito de delincuencia organizada son consignados.

Agregó que parte de la violencia se debe al problema que representa el narcomenudeo, sin embargo, el número de operativos y cateos contra narcomenudistas han disminuido; de enero a junio de 2010 se realizaron 21 mil 252 y en el mismo periodo de 2011 solamente 14 mil 554.

La diputada Sonia Mendoza Díaz (PAN) destacó que en lo que va de la presente administración se han detenido a más de 140 mil delincuentes relacionados con el crimen organizado, de los cuales, 97 mil están ligados al narcotráfico, 6 mil al secuestro y 43 mil a otras actividades.

Expresó que se requiere de un nuevo marco legal para la PGR, acorde a la situación por la que atraviesa el país, ya que el vigente dificulta la procuración de justicia.

“Debemos apoyar diversas iniciativas y minutas que se encuentran pendientes de aprobación en esta Cámara para permitirle a la Procuraduría General de la República dar más y mejores resultados”, señaló.

Por su parte, la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (PRD) puntualizó que el aseguramiento de recursos establecida en el informe de gobierno, entre septiembre de 2010 y julio de 2011, representa un resultado mínimo en comparación con las estimaciones que refieren que por lavado de dinero las sumas alcanzan los 20 mil millones de dólares.

Mencionó que los datos que contiene el V Informe de gobierno federal demuestran la ausencia de una estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada, aunado a las políticas sociales que han resultado insuficientes para restaurar el tejido social y no han podido contribuir a eliminar el origen de causas que generan la delincuencia.

En materia de seguridad, abundó, el gasto del gobierno se ha incrementado siete veces, sin embargo, no existen resultados ni evidencia clara del impacto real de estos recursos en la reducción de la criminalidad.

Por su parte, el diputado Pablo Escudero Morales (PVEM) presidente de la Comisión de la Función Pública, reconoció el hecho de brindar mayor protección a la figura de testigos protegidos, a través de la creación del Centro Federal de Protección a Personas, órgano desconcentrado de la PGR.

Dicho centro, dijo, contaría con grupos de expertos, de abogados, médicos, psicólogos y elementos de la policía ministerial asignados a esta unidad.

Precisó que estas medidas serán de un gran avance para el sistema jurídico, ante la problemática que ha sido el tratamiento que han tenido los testigos; “como: dónde están resguardados, quién los resguarda, reciben algún pago, a qué procesos acuden, cómo acuden”.

En tanto, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que México se encuentra en una situación crítica, ya que si el gobierno no pudo asegurar la integridad de su secretario de Gobernación, “no puede tampoco garantizar la seguridad del proceso electoral del 2012, la seguridad de los candidatos, ni la seguridad del país”.

Señaló que sólo en cinco estados se encontraron más de 179 casos de tortura “cerca de 40 desaparecidos, un gran número de civiles asesinados y ejecuciones extrajudiciales. Son elementos muy graves a los cuales este gobierno, del cual usted forma parte, tiene que responder”.

El legislador consideró que la detención del usuario de twitter por el caso Blake es un caso arbitrario y de represión, por un mensaje que no tenía la mayor relevancia.

El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza (PRI) estableció que “no puede decirse que su dependencia cumple a cabalidad, cuando agentes ministeriales solicitan a los diputados su ayuda porque existen violaciones a sus derechos.

La diputada Nancy González Ulloa (PAN) señaló que la corrupción es una problemática que amenaza a las instituciones públicas “y que debe ser combatida con la contundencia necesaria, hasta lograr erradicarla, en especial en las dependencias vinculadas al combate al crimen.

La diputada Esthela Damián Peralta (PRD) externó que en México la corrupción es uno de los problemas más graves que se deben eliminar. “No se va a extinguir mientras no se vea la mano dura del castigo a quien lo comete, es necesario erradicar la impunidad en todas las dependencias que tienen como objetivo la impartición de justicia”.

La diputada Adriana Sarur Torre (PVEM) preguntó cuántos recursos económicos se han asegurado al crimen organizado a favor del Estado y en qué han sido utilizados.

El diputado Mario Di Costanzo Armenta (PT) solicitó que en el caso del accidente donde perdió la vida el secretario de Gobernación Blake Mora, se explique cuáles son las líneas de investigación que sigue la PGR; “hay declaraciones del hermano del copiloto, quien establecía que el helicóptero ya venía fallando y solamente estuvo un día en reparación, ¿por qué se utilizó?”.

El legislador dijo que existe total impunidad en materia de lavado de dinero “no es posible que una guerra contra el narcotráfico, con más de 50 mil muertos, sólo arroje 25 sentencias por este delito y la mayoría han sido personas detenidas en flagrancia, en dónde están las investigaciones. Es una burla que la Reina del Pacífico no sea consignada por lavado de dinero y esté ganando los juicios”, agregó.

El diputado Mario Di Costanzo Armenta (PT) Por otra parte, afirmó que existe total impunidad en materia de lavado de dinero.

Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, la procuradora Marisela Morales Ibáñez destacó que la dependencia a su cargo ha efectuado el aseguramiento histórico de bienes y recursos del crimen organizado, por más de 550 millones de pesos y 900 millones de dólares, respectivamente.

Asimismo, refirió que en torno al tráfico ilegal de armas de fuego y explosivos, producto del rastreo a través del sistema E-Trace, de Estados Unidos y que comparte con México, hay seis casos relacionados con estos delitos y la dependencia ha solicitado la extradición de igual número de personas.

Añadió que en lo que va de la presente administración se han capacitado a 200 servidores públicos para manejar dicho sistema, lo que ha arrojado el aseguramiento de más de 52 mil armas cortas y 77 mil 262 largas; 10 mil 939 granadas y más de 13.4 millones de municiones.

Morales Ibáñez abordó el caso del Casino Royal, del que, dijo, se continúa la investigación de otros implicados. A la fecha, abundó, la PGR ha ejercido acción penal contra diversos involucrados, además de que se obtuvieron 28 órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, 12 por privación ilegal de la libertad en agravio de tres víctimas, 3 por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y uno por posesión de una granada.

Por otra parte, mencionó que al interior de la PGR se ha puesto en operación la depuración de malos elementos y servidores públicos. A la fecha, dijo, han sido evaluados 20 mil 334, de los cuales seis mil 789 son servidores públicos. “Ello, con el objetivo de que al concluir la presente administración todo el personal de la institución haya sido evaluado”.

En el tema de combate al lavado de dinero, la funcionaria detalló que se está trabajando con mayores instrumentos para generar mejores resultados.

La titular de la PGR informó que en el caso de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños, existen 26 probables responsables, por lo que su dependencia obtuvo 53 órdenes de captura, “pero hasta el momento no hay ningún sentenciado, el proceso sigue”.

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